Entre el veto y las concesiones

Para el oficialismo el veto de la ley de "emergencia laboral" permite a Macri recuperar la iniciativa política y mostrar firmeza frente a los sindicatos y el peronismo, diferenciándose de los gobiernos radicales. El Presidente pudo haber impedido la sanción definitiva sin usar el veto. Si los diputados de Cambiemos no hubieran dado quórum, se hubiera repetido el escenario de la semana anterior, con el FPV, el Peronismo Disidente de Diego Bossio y la izquierda, reuniendo 109 diputados, quedando a 18 del quórum, dado que el bloque de Massa nuevamente no lo hubiera dado. Pero la estrategia deliberada de Cambiemos fue permitir la sanción definitiva de la ley para rápidamente vetar la ley en su totalidad. En la visión del oficialismo, esta maniobra descolocó a Massa que buscaba imponer un proyecto intermedio favorable a los Pymes -que tienen el 70% del empleo registrado- y permitió al Presidente mostrar que no cede frente al Peronismo y los sindicatos, que como sucediera en los anteriores gobiernos no-peronistas, se combinaron en el Congreso para limitar el poder de los gobiernos radicales. Pero si bien ha sido una táctica política, cabe señalar que Macri anunció el veto antes de la media sanción en el Senado y que en los ocho años como Jefe de Gobierno porteño lo usó 131 veces, cuando Néstor Kirchner lo usó 36 veces en cuatro y Cristina Kirchner 36 en ocho. Macri ha mostrado que está en condiciones de impedir la sanción de leyes impulsadas por la oposición, lo que es importante dada su debilidad en el Congreso. Históricamente, manteniendo el control de un tercio de alguna de las dos cámaras, el Presidente ha podido evitar que el Congreso anule el veto, dado que para ello necesita dos tercios de ambas. En una visión de mediano plazo, el veto genera la duda de si el oficialismo estará en condiciones de imponer sus proyectos en el Congreso. Así como a fines de marzo Macri tuvo la victoria política más importante de su gobierno al lograr que el proyecto de acuerdo con los holdouts fuera aprobado por más de dos tercios de los senadores y casi lo mismo en diputados, ahora con esta ley -que la oposición llama "anti-despidos" y el oficialismo "anti-empleo"- ha tenido su derrota política más importante. Es que la ley vetada, fue aprobada por 48 a 16 en el Senado y por 147 a 3 en diputados, absteniéndose 88 diputados de Cambiemos. Además, por primera vez todas las fracciones del Peronismo y todas las centrales sindicales han coincidido en una acción política, más allá de sus divisiones y la falta de un liderazgo unificado. La duda hacia adelante, es si el gobierno estará con capacidad de imponer su propia agenda parlamentaria. Es que el veto como el DNU, son instrumentos de excepción y no puede basarse un gobierno en ellos. Para mostrar que mantiene capacidad de imponer su agenda, el gobierno negocia con los gobernadores que a mediados de junio el Senado dé el acuerdo para la designación de los dos nuevos miembros de la Suprema Corte propuestos por el Ejecutivo. Pero la misma semana que el Ejecutivo usó el veto por primera vez, concretó las concesiones más importantes a los reclamos de los gobernadores y los sindicatos, los actores claves en el Peronismo. La demora en cumplir acuerdos establecidos entre febrero y marzo con ambos, fue la causa preponderante de la derrota del oficialismo en el Congreso que tuvo lugar entre abril y mayo. Pero el miércoles pasado, el Ejecutivo concedió a los gobernadores la devolución de 9 puntos de la coparticipación de los 15 que reclaman -3 en dinero y 6 mediante autorización de endeudamiento- que fueron retenidas durante el Kirchnerismo y en algunos casos desde antes. Al mismo tiempo, fueron giradas partidas por 28.000 millones de pesos a las provincias, que habían sido demoradas durante el primer cuatrimestre del año. Al día siguiente, en la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, cumplió a los sindicatos dos anuncios realizados en febrero: el aumento del salario mínimo de 6.000 a 8.000 pesos y el incremento del seguro de desempleo de 400 a 3.000 pesos. Pero en la semana se cumplió también el demorado acuerdo para comenzar a devolver los 29.000 millones de pesos retenidos por el Kirchnerismo a las obras sociales sindicales, entregándose la primera cuota de aproximadamente el 10% de dicha cifra. Las partidas para asistencia social fueron incrementadas -especialmente en la provincia de Buenos Aires- y el Presidente comprometió al titular del gremio estatal peronista (Rodríguez), que no habrá más despidos en el sector público. Con estas acciones, el veto no derivará en una ruptura del gobierno con los sindicatos y los gobernadores, pero es claro que en este mismo contexto político pudo haber sido evitada la sanción de la ley. Mientras tanto, la situación social, las investigaciones de corrupción y la política exterior, siguen siendo tres ejes centrales. La dirigente social más cercana a Macri (Margarita Barrientos), dijo que hace pocos meses, en su comedor popular asistían 80 familias y ahora 120. La Iglesia ha advertido que la combinación de incremento inflacionario y destrucción total o parcial de empleo en el ámbito informal o en negro, han creado una situación difícil en los sectores vulnerables. Pese a las señales del oficialismo para que las causas judiciales contra el Kirchnerismo moderen su ritmo, varios jueces y fiscales sieguen avanzando. Pero el juez de la causa Báez (Casanello), muestra una ductilidad política, que de acuerdo a las señales políticas podría procesar o no a la ex Presidente. Al mismo tiempo el fiscal que investiga la vinculación de la familia Macri con los "Panamá Papers", va extendiendo su campo de investigación. Pero es en la política exterior, donde el gobierno muestra avances concretos. En los últimos días, el Presidente oficializó la candidatura de la canciller (Malcorra) para la Secretaría General de la UN, Argentina comenzó a reunir apoyos para ser el año próximo sede de la Cumbre del G20 y la OCDE recibe el 1 de junio el pedido argentino de integrarla como país miembro. La visita del canciller de Brasil (Serra), muestra la convergencia entre ambos países tanto en la orientación política y económica como lo ha dicho el presidente Temer y también en política exterior, como lo muestra la actitud de ambos frente a la crisis venezolana. En conclusión: para el oficialismo, el veto de la "emergencia ocupacional" permitió al Presidente retomar la iniciativa política y mostrar firmeza frente al Peronismo y los sindicatos; pero deja planteada la duda sobre la capacidad del gobierno de impulsar sus propios proyectos, al mostrar que el Peronismo cuando se unifica tiene un amplio dominio de ambas cámaras; al mismo tiempo que usó el veto, el Presidente concretó acuerdos con gobernadores y sindicatos, que venían demorados en cuanto a la coparticipación y fondos de las obras sociales y la situación social muestra signo de deterioro, las investigaciones por corrupción avanzan con diferente ritmo y la política exterior muestra avances en diferentes campos. l