Economistas y tributaristas estiman que el blanqueo tendrá una respuesta favorable Economistas y tributaristas estiman que el blanqueo tendrá una respuesta favorable
como César Litvin,
Zenón Biagosch, Julio Piekarz,
Orlando Ferreres y
Jorge Colina, coincidieron
en resaltar los aspectos
positivos de la iniciativa
del Gobierno de impulsar
una ley de “Sinceramiento
Fiscal”, porque no sólo
aprovecha una oportunidad
histórica que ofrece el
contexto internacional, sino
porque posibilitará ingresos
tributarios para pagar
una larga deuda social
y encarar obras y proyectos
que redundarán en aumento
del empleo y reimpulso
del mercado inmobiliario.
Zenón Biagosch, ex director
del Banco Central
que “la implementación
por parte de la Ocde de un
procedimiento automático
de intercambio de información
financiera bajo
un esquema de reciprocidad
al cual ya adhirieron
más de cien países y cuyo
inicio está previsto para
el 2017; y lo recientemente
acordado por los ministros
de finanzas del G7 del
pasado 21 de mayo, donde
reforzaron los mecanismos
multilaterales de
intercambio de información
financiera, determina
que el desafío del éxito
creemos que está más
asociado a minimizar los
riegos que los costos, ya
que consideramos que ésta
última seguramente no
será la principal variable
a ponderar por quien pretenda
blanquear. El riesgo
presente y futuro de verse
involucrados en investigaciones
administrativas
o judiciales seguramente
son variables aún más determinantes
a la hora de
decidir”.
Julio Piekarz, ex gerente
general del BCRA
dijo que “la iniciativa del
Gobierno es positiva por
dos efectos simultáneos
que generará: por un lado
un aumento de los ingresos
fiscales (los calculó
entre 3.000 y 5.000
millones de dólares) y
por otra parte por el efecto
reactivador que tendría
en la actividad económica,
dependiendo de lo que
efectivamente ingrese al
mercado local”.
Respecto a las cifras
que se están manejando en
el mercado, Piekarz consideró
que es factible llegar
a los U$S 60.000 millones
que plantea el Gobierno.
“Hay U$S 220.000
millones de argentinos no
declarados en el exterior,
y otros U$S 70.000 millones
aproximadamente
dentro de la Argentina.
Hablando con bancos de
inversión y bancas privadas
creo que se puede llegar
al objetivo que se plantea
el Gobierno”.
Ferreres
Por su parte, el economista
Orlando Ferreres
sostuvo en alusión al
contexto internacional
que “el problema es que
el mundo cambió, y ya
no quieren tener la plata
en otros lados, molesta:
los “Panamá Pappers”,
los impuestos en Argentina”,
a la vez que agregó
“los bancos globales están
impulsando a mucha gente
a salirse de esos lugares,
porque los tratan con
poca atención y a su vez
no le pagan nada”. “¿Para
qué van a tener la plata en
el exterior si no ganan nada?
-se preguntó-, mejor
la blanquean y compran
bonos, con los que se puede
financiar obras públicas,
puede haber más entusiasmo
en eso”.
En una línea similar se
manifestó el tributarista
César Litvin: “El proyecto
de Ley de Sinceramiento
Fiscal, o exteriorización
de activos no declarados
sigue las recomendaciones
de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (Ocde)
de impulsar una aministía
fiscal pero con alto costo,
con algunas excepciones,
porque el riesgo de quedar
fuera del sistema será a
partir de 2018 mucho mayor”.
Estimó que la exteriorización
de activos “podrá
superar ampliamente
el piso de U$S 50.000 millones”.
Colina
A su turno, el economista
Jorge Colina, sostuvo
que “en la Argentina,
hay cerca de 400 mil
millones de dólares en el
exterior. Con una reforma
impositiva que disminuya
la presión impositiva
se puede lograr la cifra
que plantea el gobierno.
El punto que diferencia
de blanqueos anteriores
es que ahora, en los países
desarrollados, donde está
el dinero fugado, hay cada
vez más controles y transparencias.
A mayor riesgo
de detección, menor chances
de conservar dinero no
declarado”.
En ese punto, César Litvin
dijo: “hay publicaciones
locales e internacionales
que fijan un límite inferior
de activos externos no
declarados de unos U$S
250.000 millones y uno
superior de U$S 400.000
millones; de ahí que con
que sólo se declare el 20%
del punto mínimo se llega
a unos U$S 50.000 millones,
por lo que creo que
se podrá superar ampliamente
ese piso”.
El tributarista estimó
que “las bases del monto
a pagar por la exteriorización
patrimonial lucen
apropiadas a las recomendaciones
de la Ocde”.
El Gobierno propone
al Poder Legislativo tres
escalas: por montos inferiores
al equivalente a
$305.000 el impuesto a
pagar será de cero peso;
para el rango de $305.000
a $800.000 deberá pagar
5%; y para los montos mayores
una alícuota de 10%,
hasta el 31 de diciembre de
2016, y se eleva a 15% para
todos los casos que se regularicen
en el primer trimestre
de 2017”.
“De la parte que ingrese
seguro que una porción se
volcará al mercado inmobiliario
y eso impulsará los
precios de las propiedades
y también la industria
de la construcción. Sería
deseable además que una
porción se vuelque a inversión
productiva, ya que
hoy estamos en un 17% del
PBI y precisamos por lo
menos llegar al 23%. Hay
gente que le gustaría invertir
pero que hoy no tiene
los fondos declarados”,
agregó Piekarz. l