Diputados debatirán la reforma del Ministerio Público Fiscal Diputados debatirán la reforma del Ministerio Público Fiscal
La Cámara de Diputados
retomará en agosto, cuando
reanude su actividad después
del receso invernal, la
discusión del proyecto del
Poder Ejecutivo para reformar
el Ministerio Público
Fiscal, que sufrirá cambios
significativos para conformar
a aliados y al propio oficialismo
que tienen que sumar
fuerzas para sancionarlo
en el recinto.
A fines de junio, el presidente
de la comisión de
Justicia, Diego Mestre
(UCR- Cambiemos) sostuvo
que ‘no están dados los
acuerdos suficientes’ para
que prospere la iniciativa
original del Ministerio de
Justicia, por lo que su tratamiento
pasaba para los
primeros días del mes entrante.
Uno de los principales
puntos que genera
desacuerdo es la creación
de las cuatro ‘subprocuradorías’
destinadas a menguar
las facultades que actualmente
tiene el procurador
general, que ahora encarna
Alejandra Gils Carbó,
cuestionada por su identificación
con el kirchnerismo
por el Gobierno y sectores
del oficialismo y de la oposición
parlamentaria.
La falta de acuerdo sobre
el contenido del proyecto hizo
que durante junio varias
reuniones conjuntas de las
comisiones de Justicia, de
Legislación Penal y de Presupuesto
y Hacienda fueran
suspendidas.
Mestre indicó entonces
que recién en agosto volverá
a convocar un plenario de
las comisiones competentes
para tratar el proyecto con
el fin de evaluar cambios al
texto original.
La propuesta del Poder
Ejecutivo apunta a limitar a
cuatro años el mandato del
procurador, que actualmente
no tiene término y crear
las cuatro subprocuradorías
en provecho de una ‘mayor
transparencia’. Como Cambiemos
no cuenta en Diputados
por sí sólo número suficiente
para aprobar el proyecto,
se ve obligado a llegar
a acuerdos con sectores
amigables de la oposición,
como el F. Renovador y el
Peronismo.
Una de las dificultades
que afronta la iniciativa
es la creación de las
bprocuraciones,encargadas
de abordar distintos aspectos
de la función que ahora
son facultades del procurador
general. Por otra parte,
como hay coincidencia en la
necesidad de poner plazo al
mandato del procurador, se
evalúa fijarlo en cinco o siete
años.
