La Justicia federal concretó el decomiso del histórico prostíbulo "Negro, el 20"

El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero dispuso el decomiso del histórico prostíbulo que funcionó durante más de 30 años conocido como "Negro, el 20", ubicado en la ciudad de La Banda. En línea con lo que había solicitado la fiscal Indiana Garzón ante la Cámara de Casación, los jueces consideraron que en el lugar se desarrolló "la recepción, acogimiento y explotación sexual de la víctima" durante enero de 2012.

Además, el TOF aumentó la pena y ordenó la inmediata detención para uno de los acusados, quien había sido condenado en 2014 junto a los otros imputados. En febrero de este año, la Sala II de la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido de la representante del MPF y reenvió el caso al Tribunal, que si bien ordenó el recupero del bien, no se pronunció sobre el destino del inmueble, que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas había propuesto que sea utilizado para la reparación integral del daño producido sobre la víctima del caso.

En la audiencia realizada el lunes, estuvo presente la fiscal Indiana Garzón, quien contó con la colaboración de la presidenta de la Fundación María de los ángeles, Susana Trimarco.

En el caso, intervino la Protex y la Dirección General de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.

Argumentos

En el dictamen presentado ante Casación, la Protex destacó que la ejecución del decomiso del boliche buscaba hacer efectiva la ley de trata de personas que contempla el resarcimiento de las víctimas. En ese sentido, en su escrito los fiscales remarcaron que "la función de los tribunales ante la grave violación a los derechos humanos que implica que una persona haya resultado víctima del delito de trata de personas, no debe limitarse exclusivamente a su faz sancionatoria, sino que además debe contemplar la reparación integral a los derechos de quien resulte afectada".

Los cotitulares de la Procuraduría especializada, junto a la fiscal Garzón, remarcaron "la asimetría que por lo general se presenta entre víctima y victimario, entre quien fue sometida a quien la sometió, conspira contra cualquier posibilidad de que la parte damnificada asuma un rol activo para obtener una reparación. Una asimetría que además está acrecentada por el miedo".

"Las víctimas de trata y/o explotación de personas o de sus delitos conexos han pasado por incontables penurias y se han expuesto a otros tantos peligros al denunciar o testificar contra sus tratantes", agregó. "Al hacerlo, han arriesgado sus vidas y las de sus familias y muchas veces son objeto de persecuciones y amenazas por parte de quienes las sometieron. Estas circunstancias no solo conspiran contra la posibilidad de que declaren contra sus agresores, sino también contra la decisión de encarar un reclamo indemnizatorio contra quienes seguramente todavía representan un peligro cierto para sus vidas, su integridad física y la de sus seres queridos. De ahí que corresponda al Estado, tratar de equiparar esa desigualdad existente entre este binomio y, procurar la reparación integral de las víctimas".

"Ante la evidente asimetría entre ambas, es el Estado quien debe procurarle a la víctima una solución viable para obtener la reparación económica por el daño sufrido, sin someterla a una revictimización. Esto implica la participación activa del Ministerio Público Fiscal en el impulso de un reclamo de esa índole", concluye el escrito.

El caso

Gendarmería y la Policía allanaron el prostíbulo y rescató a varias mujeres en el año 2012 a partir de la denuncia de una de las víctimas oriunda de la localidad misionera de Colonia Oasis de la ciudad de Jardín América, que dijo que fue engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La Banda, donde fue obligada a prostituirse en el mencionado local nocturno. La joven relató que una vez que llegó a la whiskería, donde fue golpeada, "no la dejaban ver ni el sol" y la controlaban todo el tiempo. Dijo que fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar que le decían que era "para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer". Además, la denunciante detalló que en el prostíbulo había otras mujeres oriundas de Santa Fe, "pero que no podían hablar".