El STJ ordenará revocar entrega irregular de autos secuestrados

Los coletazos por el escándalo y descontrol de vehículos en tres juzgados del Crimen, ahora provocarán una fuerte embestida reparadora desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Horas después que los vocales élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y José Luis Guzmán entregaran las conclusiones de casi 40 días de auditar los tres juzgados, el STJ refrendará una acordada con efectos multiplicadores.

Coches y camiones

Uno de los remedios por aplicar tiende a subsanar los presuntos vicios de los tres exjueces. Las auditorías habrían desnudado la entrega desmedida de coches y hasta camiones, sin llevar un registro de depositario, tal cual lo indican las normas vigentes.

Por ende, el STJ dejará en claro que es vital cumplir con un registro interno vehicular; y en aquellos casos "extra legales" devendrán en la devolución de la unidad a la Justicia.

Mora judicial

Otro aspecto no menos trascendente a ser reparado aboga a poner fin a la mora judicial, en especial falencia más alarmante que habría detectado Peralta de Aguirre en el Juzgado a su cargo, Crimen 1ª, ex órbita de Lucrecia Martínez Llanos.

Un vocero deslizó que la vocal habría subrayado un sinfín de excesos, incongruencias en la gestión pasada; muchas, en detrimento de las vías administativas y de los derechos de las personas detenidas.

En ese sentido, el STJ también bajará línea a los jueces y fiscales; exhortará a la aplicación de medidas correctivas y preventivas de algunas cuestiones.

Las preventivas apuntan a causas con presos; obviamente para que se cumplan plazos legales.

Medidas correctivas

En cambio, las correctivas tienden a fijar nuevas reglas basadas en personas detenidas, registros de procedimientos, plazos procesales, etc.

Un hombre de confianza del STJ explicó que la cirugía del STJ será profunda.

Avanzaría hasta las tareas de los jueces, en especial hasta el 5 de diciembre.

Ese día será implementado el flamante sistema que modifica el proceso penal y concede mayor responsabilidad a los fiscales de la Capital.