Falco impuso un "parate" al empresario Canido y a la comunidad de Bajo Hondo

La jueza Rosa Falco impuso restricciones recíprocas al empresario Orlando Canido y algunos integrantes de la comunidad Guaycurú Yacu Cachi de Bajo Hondo, enfrentados con denuncias cruzadas por ocupaciones ilegales e intentos de desalojos.

Así lo confirmó anoche el abogado defensor de Canido, Francisco Cavallotti.

Según la resolución, todos deberán abstenerse de aproximarse a viviendas o lugares de trabajo y estudios.

El fallo rige para ambas partes en un radio de 500 metros.

Alcances

Con ello, Falco hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la abogada Natalia Gramajo en representación de la comunidad contra Canido y dos allegados: Ladislao Letonai (de Quimilí) y Adrián Corico.

Entre julio y septiembre últimos, la comunidad Yacu Cachi y el Mocase-VC denunciaron intentos de desalojo que atribuyeron a grupos armados al servicio de Canido.

Otra causa

Por el último de estos ataques, perpetrado por unas 15 personas el 24 de septiembre de este año, el empresario fue denunciado ante el juez Darío Alarcón.

Canido fue acusado de instigar la destrucción de viviendas e instalaciones, el envenenamiento de pozos de agua y heridas causadas a un poblador, entre otros delitos.

En dicho Juzgado aún no hay resolución ni medida alguna, más que el secuestro de dos camionetas identificadas por los miembros de la comunidad en el ataque de septiembre.

Martínez Llanos

Vale recordar que en julio pasado, tras un ataque similar, la ex jueza Lucrecia Martínez Llanos había ordenado restituir sus tierras a la comunidad Yacu Cachi, pero sin detener ni desarmar a personas al parecer contratadas por Canido.

A comienzos de agosto fue elevado un recurso de amparo, en procura de atenuar la puja en uno y otro.

Igual, surgieron otros hechos violentos, como el del 24 de septiembre.

En noviembre, Falco notificó las medidas que dispuso al hacer lugar al amparo de la comunidad Yacu Cachi.

Según los profesionales del Derecho, el fallo de la magistrada no sólo protege la integridad física sino también derechos constitucionales a la vivienda, a los bienes, a un ambiente sano y a la libre circulación.

Prohibiciones

En su resolución, la jueza instó a las dos partes a demostrar apertura y dejar que la Justicia determine quién tiene la razón.

Hasta tanto, las dos partes proseguirán sus vidas normalmente y cualquier alteración a lo dispuesto deberá ser canalizado siempre a través de la Justicia.