Expectativa por la resolución de la situación procesal de los acusados en la estafa al Pami

Una docena de imputados en el marco de la investigación por una millonaria defraudación al Pami, podrían ser procesados en las próximas cuando se conozca la resolución del juez federal Guillermo Molinari. El fiscal federal Pedro Simón había solicitado que se resuelva la situación procesal de los implicados en septiembre último y en esta jornada podría definirse el futuro próximo de los acusados. Altas fuentes ligadas a la causa confiaron que el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el procesamiento de doce imputados -otros cinco ya fueron procesados en julio- en la causa, los cuales fueron involucrados a mediados de julio cuando Gendarmería Nacional llevó a cabo más de una decena de allanamientos. El Dr. Molinari daría a conocer hoy o mañana la resolución adoptada ante el requerimiento fiscal. Entre la docena de sospechosos se encuentran propietarios de farmacias locales y empleados de cadenas de farmacias, así como también un empleado de la delegación del Pami de Loreto y el empresario cordobés Cristian Leyría, sindicado por la Justicia como uno de los ideólogos de la maniobra. Los procedimientos que desarrolló la fuerza de seguridad nacional se concretaron el pasado 13 de julio, en esa jornada los gendarmes apresaron a Petros, Peralta, Córdoba, Cardozo, Díaz Gattoni, Bravo Martufi, Pani, Montes y Luna. En los días posteriores cayeron tras las rejas Sánchez, García y Leyría. Las fuentes recordaron que todos ya fueron excarcelados, pero continúan ligados a la causa. El fiscal Simón le habría endilgado al grupo los supuestos delitos de "asociación ilícita, defraudación al Pami y facilitación de prescripciones médicas". Cabe recordar que en la compleja causa ya fueron procesados en julio el matrimonio Acosta - Alegre, descubiertos intentando cambiar recetas apócrifas por medicamentos para diabéticos, utilizando también carnés de afiliados fallecidos. Ariel Rago y Nelson Villalba, habrían sido los que recibían los medicamentos retirados por la pareja, mientras que Walter Rago, fue señalado como el supuesto jefe de la "organización". Los otros doce acusados, conformarían una segunda célula, pero que tendría varios vínculos en común con el primer grupo. La maniobra que habrían desarrollado los acusados, consistía en facturar insulina y tiras reactivas para diabéticos al Pami, utilizando recetarios, troqueles y documentación falsos. El perjuicio que se habría comprobado hasta el momento $23 millones, aunque se presume que superaría los $150 millones.