Caso Sala: fiscales y querellantes solicitaron entre 2 y 8 años de prisión para los acusados

Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitaron la pena de tres años de prisión para la dirigente social encarcelada Milagro Sala, por considerarla instigadora del escrache que sufrió el actual gobernador Gerardo Morales en 2009, en tanto que los abogados querellantes solicitaron la pena de 8 años para los tres acusados en esta causa. Al cierre de esta edición, continuaba el alegato de la defensa tras lo cual se esperaba el veredicto del tribunal.

En la audiencia, el Tribunal Oral Federal de Jujuy escuchó a los últimos tres testigos de un total de 25 citados a declarar en las cuatro jornadas de debate que tuvieron lugar en la capital jujeña; dicha etapa se extendió hasta las 18 de ayer y luego de un cuarto intermedio, los abogados querellantes y posteriormente los fiscales realizaron sus exposición de alegatos.

Los representantes legales del actual gobernador Gerardo Morales, Eduardo Vergara y Daniel Vivas fueron los primeros en alegar solicitando la pena de 8 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, al igual que para los cooperativistas Graciela López y Ramón Gustavo Salvatierra.

Durante su exposición sostuvieron que la agresión al entonces senador nacional, Morales, "quedó plenamente acreditada la existencia del hecho como también la participación de los imputados".

En el caso de la dirigente social, Milagro Sala, indicaron que fue "instigadora" para que se lleven a cabo los hechos, en tanto que los cooperativistas Graciela López y Ramón Salvatierra, fueron apuntados como "coautores" de daños agravados.

Para la querella la agresión perseguía dos objetivos: "El primero intentar impedir que se realice la conferencia sobre el control de fondos públicos sobre las organizaciones sociales", porque "no querían que se conocieran los resultados", y el segundo "generar miedo en los disertantes", el actual gobernador, Gerardo Morales y el ex Auditor General de la Nación, Leandro Despouy.

En la misma línea los fiscales federales Batule y Zurueta argumentaron que el hecho sucedido en la tarde del 16 de octubre de 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, "no fue un hecho aislado, sino que fue un ataque claramente premeditado y organizado".