Confirman procesamientos por Fútbol para Todos Confirman procesamientos por Fútbol para Todos
La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de los exjefes de Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, así como también al expresidente de la AFA Luis Segura en la causa por irregularidades en el programa Fútbol para Todos.
En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara Federal también confirmó el procesamiento de Gabriel Mariotto, exvicegobernador de Buenos Aires, por el delito de peculado, y dirigentes del fútbol como Miguel Silva, Rafael Savino, Carlos Portell y Rubén Raposo.
Salvo en el caso de Mariotto, que se le sindica el delito de peculado, el fallo le adjudicó a Aníbal Fernández y Capitanich el delito de ‘violación de los deberes de funcionario público’ y a los dirigentes de fútbol la ‘administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública’.
Además, la Cámara decidió dictar la falta de mérito del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y del dirigente Eduardo Spinosa, y dispuso el sobreseimiento de Pablo Paladino, excoordinador del Programa ‘Fútbol para todos.
El fallo fijó diferentes montos de embargos: para los exjefes de Gabinete 10 millones de pesos, Segura 50 millones, el resto de los dirigentes 20 millones cada uno y Mariotto cinco millones.
En la causa se investigan supuestas irregularidades en el contrato de compra de derechos de televisación de partidos de fútbol que el Estado Nacional celebró con la AFA en 2009.
Según esa hipótesis, el programa -a cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación- denominado ‘Fútbol Para Todos’, no habría sido destinado al cumplimiento de los fines establecidos en los acuerdos que le dieron forma.
Se cree que el dinero, en vez de distribuirse entre los clubes que la conformaban, era sometido a diversas operaciones financieras fraudulentas que terminaban por desviarlos hacia entidades que no se relacionaban con el fútbol argentino o que, en su defecto, no se asociaban a los propósitos tenidos en cuenta por el Estado a la hora de impulsar la inversión.
