Todesca denunció penalmente a empleados que sabotearon el Indec

El director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, confirmó que realizó una denuncia penal contra los delegados de UPCN por haber desactivado servidores informáticos del organismo durante una huelga y adelantó que llevará el caso también a consideración del Ministerio de Trabajo.

Además, el funcionario consideró que quienes protagonizaron los incidentes del viernes tienen una “intención, que el Instituto no se pueda normalizar. Hay gente que no tolera que pueda funcionar bien y tenga credibilidad y lo quiere sumir en un caos”.

“Es triste que un grupo pretenda interrumpir el funcionamiento de un organismo que da un servicio público”, expresó el funcionario luego de la “actitud extorsiva” del gremio UPCN, que el viernes realizó un paro de actividades por el pago de horas censales que, según la conducción del organismo, corresponden a tareas realizadas “hace más de diez años”.

En diálogo con una radio porteña, Todesca dijo: “Hicimos ayer (por el viernes) la denuncia penal, haremos el lunes denuncias en el Ministerio de Trabajo. Es una situación realmente muy grave. Hay conductas reiteradas de un conjunto de trabajadores que no presta servicios adecuadamente y se dedica a estar agitando”.

“Más allá de los delegados, que están legalmente protegidos, tenemos un conjunto de gente que no puede estar trabajando en un instituto de estadísticas, unos porque no tienen la capacidad y consiguieron el puesto por razones políticas, otros porque no quieren integrarse a un proceso de trabajo”, fustigó el director del Indec.

Todesca aclaró que el personal de planta permanente “raramente queda involucrado en este tipo de episodios. La mayoría (de los que sí participa) es gente contratada en los últimos 10 años. No vi a ninguno de planta permanente”.

“La amenaza es ‘te voy a parar el IPC’ (el índice de Precios al Consumidor), son amenazas siempre de ese tipo, y es afectar un servicio público”, reprochó el economista.

El viernes, el funcionario había dicho que “la protesta, el paro y las asambleas son legítimos, lo que no se puede aceptar es que se violente un edificio público y se apropien de él”.

Además, había negado el despido de 31 trabajadores y aclaró que de un total de 840 contratados, a 31 se les renovó el vínculo por tres meses en vez de 12, “porque sus desempeños eran deficientes”. l