La Corte Suprema restableció límite de 75 años para los juece La Corte Suprema restableció límite de 75 años para los juece
La Corte Suprema de Justicia de la Nación validó el límite de 75 años impuesto por la
Constitución Nacional reformada en 1994 para fijar la edad hasta la que pueden actuar los jueces y estableció que aquellos que superen ese tope deberán pasar por un nuevo acuerdo del Senado.
El fallo de la Corte surge ante el caso de un camarista de La Plata y luego de que la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, presentó un amparo para seguir en su puesto, pese a que a fin de año cumplirá 75 años.
Pero esa sentencia de primera instancia que le dio el amparo a Highton está firme porque el Gobierno desistió de apelar y por lo tanto el asunto ya es cosa juzgada.
Aquí la Corte Suprema analizó el caso del camarista federal de La Plata Leopoldo Schiffrin contra el Poder Ejecutivo, porque también superaba el límite de edad de 75 años.
Schiffrin tuvo su primer cargo en la Justicia en la década del ‘50, es uno de los magistrados con más experiencia en el fuero federal y uno de los principales impulsores de las causas por violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar.
Con esta resolución Schiffrin debería pasar por el Senado de la Nación y conseguir la aprobación de los dos tercios del cuerpo para poder mantenerse en su cargo por cinco años más.
Y si bien este fallo solo es aplicable en el caso Schiffrin, el criterio fija el camino para otros jueces que se encuentran en situaciones similares.
El fallo, de más de un centenar de hojas, fue firmado ayer por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con disidencia del ministro Carlos Rosenkrantz.
Prescripción
En otro fallo, la Corte Suprema resolvió que prescribe el derecho a reclamar al Estado indemnizaciones civiles para víctimas de la última dictadura militar.
Fue una votación dividida en donde la mayoría estuvo compuesta por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, mientras que los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti opinaron en disidencia, cada uno según su propia fundamentación.
El caso analizaba un reclamo donde se debatió si prescribe o no el derecho para reclamar reparaciones económicas al Estado de quienes acrediten haber sido víctimas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar 1976-83.
