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El Parlamento prorrogó el estado de emergencia en Turquía a un año del fallido intento de golpe

18/07/2017 00:00 Mundo
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El Parlamento prorrogó el estado de emergencia en Turquía a un año del fallido intento de golpe El Parlamento prorrogó el estado de emergencia en Turquía a un año del fallido intento de golpe

ANKARA, Turquía. El Parlamento de Turquía prorrogó tres meses más el estado de emergencia vigente desde el fallido golpe de Estado de hace un año, una medida que el gobierno había solicitado para purgar aún más un Estado del cual ya fueron echados más de 110.000 empleados públicos por supuestos nexos con el intento.

Es la cuarta vez que el hemiciclo vota extender esta medida, implantada el 20 de julio del año pasado, cinco días después de la asonada, con el motivo de luchar contra las redes de simpatizantes de los golpistas en la administración pública.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, adelantó la semana pasada que el estado de emergencia no se levantaría "hasta que no termine la limpieza" de la administración pública, y ayer prometió un duro castigo para los vinculados al golpe y reiteró su voluntad de restablecer la pena de muerte en el país.

Erdogan, que ha sido criticado por la comunidad internacional por la dureza de la respuesta, también dijo que el estado de excepción, que permite gobernar por decreto y bloquea el recurso judicial a cualquier decisión tomada, también permite luchar contra la guerrilla kurda e incluso evitar que haya huelgas en la industria.

El gobierno turco señaló como responsable de la sublevación al predicador turco Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos, e incluso ha declarado "organización terrorista" al movimiento Hizmet, que conduce el clérigo.

Al tomar la palabra en el Parlamento antes de la votación, el viceprimer ministro, Nurettin Canikli, dijo que hasta ahora 111.240 empleados públicos han sido destituidos por supuestos vínculos con la cofradía de Gülen, informó la agencia de noticias EFE.

Anteriores estimaciones hablaban de casi 140.000 empleados, una cifra que incluye a unos 21.000 profesores de la enseñanza privada, a los que se les retiró la licencia pedagógica.

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