El Senado avanzará con la ley de responsabilidad penal empresaria

El proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria, que considera imprescriptible el delito de corrupción y establece un régimen de castigo para las personas jurídicas que delincan contra la administración pública y por cohecho transnacional, volverá a ser debatido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores esta semana, según se informó oficialmente.

La iniciativa ingresó hace diez días a la Cámara alta, luego de haber sido aprobada por Diputados la primera semana de julio.

La tardanza responde a que las autoridades de la Cámara baja descubrieron que había dos artículos que se contradecían entre sí.

En el dictamen de mayoría, se había modificado la redacción del artículo 258 bis del Código Penal, sin aumentar las penas.

Pero en la votación en particular del proyecto se incorporó una modificación en el mismo artículo, subiendo las condenas.

De hecho, a los pocos días de la aprobación en Diputados, el ministro de Justicia, Germán Garavano, estuvo presente en el Senado para opinar sobre la iniciativa, aunque lo hizo brevemente a pedido de los jefes de las bancadas de Cambiemos, el radical ángel Rozas; y del FPV, Miguel ángel Pichetto, porque el proyecto no había llegado de Diputados.

Sin embargo, durante su breve alocución ante los legisladores, Garavano respaldó firmemente el proyecto impulsado por el oficialismo.

El ministro consideró como "muy valioso que en la Argentina se dé un paso adelante para sancionar a personas físicas y jurídicas por hechos de pago de coimas y por los beneficios ilegales que eso produce".

En ese sentido, reclamó al Senado que vuelvan a introducir un artículo en la sanción de Diputados para que se puedan iniciar investigaciones sobre la base de las confesiones de las empresas que admitan haber pagado sobornos.

"No podemos sancionar con legislación penal hacia atrás. Sin embargo, en estos casos, se trata de delitos que se cometieron y sería muy valioso poder regular que las empresas que admitieron haber pagado coimas, puedan reparar el daño que generaron", pidió.

Garavano se refirió de ese modo a la eliminación de un artículo que posibilitaba obtener información sobre hechos previos a la sanción de la ley, como con el caso Odebrecht.

Ese artículo, rechazado por la oposición, permitía que empresas que sobornaron a funcionarios públicos pudieran aportar datos ante la autoridad administrativa para activar causas judiciales.

Además, en la sanción de Diputados se dejó establecido que el régimen de responsabilidad fiscal se aplicará en los delitos previstos en el Código Penal cometidos por personas de capital extranjero con o sin participación estatal.