No sabe, no contesta

Por Oscar González

24/01/2013 - Como a Mauricio Macri, al ex gobernador Hermes Binner le gusta victimizarse. Ante la evidencia de que el poder del narcotráfico en Santa Fe es cada vez más preocupante, argumenta lo mismo que hace un tiempo: todo se debe a que el gobierno nacional retiró a la Gendarmería del control de las rutas nacionales.
Campeón del federalismo, Binner es no obstante reacio a entender que las provincias tienen derechos, pero también responsabilidades. Para él, el narcotráfico “es un problema de la Presidenta” y no de las autoridades que apadrina y cuya gestión, se supone, debería servirle para pavimentar su ambición presidencial.
El país que sí queremos de Binner, mimado de los medios hegemónicos, está poblado de ejemplos maniqueos acerca de cómo se hacen bien las cosas afuera, ya sea la Ghana que incauta fragatas o los buitres apañados por Griesa.
Pero en la Santa Fe real, gobernada desde 2007 hasta 2011 por él mismo, el imperio del narcotráfico desnuda no sólo la inacción provincial frente a un delito complejo sino además la incapacidad de revertir una de sus precondiciones más notorias, la desigualdad social.
Hace unos meses, dos jóvenes pertenecientes al Socialismo para la Victoria, eran encarcelados y procesados implacablemente por pintar en una pared de Rosario la leyenda “Binner no es socialismo”.
Es la misma ciudad –manejada por su grupo político– donde los jefes narcos se disputan a tiros el territorio de las villas, han montado una estructura delictiva con inocultable implicación policial y donde militar socialmente incluye recibir balazos, como sucedió hace poco con tres activistas del Movimiento Evita.
Si todo se resolviera con la simple presencia de la Gendarmería patrullando las rutas nacionales que pasan por Rosario, no se entiende entonces para qué la policía provincial tiene una Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, que era ocupada por el comisario Hugo Tognoli antes de su promoción a la jefatura de esa misma fuerza, que tuvo que abandonar precipitadamente.
Por su poder de corrupción, el narcotráfico representa un desafío de primer orden para los sistemas democráticos. Pero nada se resolverá si los encargados de combatirlo rehúyen su responsabilidad institucional –y política–, lo que excede el ámbito de lo jurídico penal. Hablar generalidades y mirar para otro lado no hace más que reflejar falta de audacia para gobernar, que es tomar decisiones, enfrentar conflictos y correr riesgos.
Una política de seguridad demanda, al menos, dos requisitos: asumir la conducción política de las fuerzas policiales para que éstas no se conviertan en parte del problema; y diseñar y aplicar una estrategia dirigida a desactivar las condiciones materiales y sociales que favorecen el delito.
En una y otra materia, el gobierno de Santa Fe está en mora. Y Binner no sabe/no contesta.

 
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