En los últimos días la prensa local se ha hecho eco de un caso que llegó a la Justicia acerca de una chica débil mental que habría sido violada por un allegado y en el que los progenitores de la misma pedían autorización legal para practicársele un aborto. No quedan dudas que la violación es un hecho aberrante y mucho más si la víctima padece retraso mental en razón de la indefensión de la misma. Ahora bien, un hecho aberrante como lo es una violación se lo pretende solucionar mediante otro hecho aberrante como lo es el aborto, que implica llanamente el asesinato de un ser inocente en el seno materno.
Nadie puede obligar a la madre violada (o a sus familiares) a quedarse con el hijo no querido; tan sólo se le pide que no lo mate, que no suprima la vida en gestación. Un mal no se remedia con otro mal aún más grave: si a la violación sigue la muerte del niño, se está duplicando el daño, al matar a un ser inocente.
Llama la atención las numerosas voces que se alzan pidiendo el inmediato crimen de la criatura, proviniendo muchas de esas voces de supuestos defensores de derechos humanos o de funcionarios públicos (entre ellos, profesionales de la salud) a los que el Estado les paga un sueldo.-
Muchos de esas voces parecen olvidar que el primer derecho humano es defender la vida y que la Argentina se ha comprometido a través de numerosos foros y normativa a respetar ese sagrado derecho, que es el primero en importancia. El Código Penal establece en un artículo que no es punible el aborto efectuado en mujer demente que haya sido violada. Si bien la autorización aparece como clara ello no es así por varias razones.
La introducción del llamado “aborto eugenésico” se fundó en doctrinas racistas en boga en 1919 y en la ignorancia médica sobre aspectos de la reproducción de mujeres con discapacidad. La idea era evitar que de una mujer “idiota o demente” naciera “un ser anormal o degenerado”, según se expidió en aquella época la Comisión de Códigos del Senado de la Nación. Los fines de perfeccionamiento de la raza que inspiraban dichas normas condujeron a los mayores crímenes de lesa humanidad que registra la historia, acaecidos en la Alemania nazi.
No sólo es científicamente inexacto dicha afirmación, sino que implica una de las peores formas de discriminación hacia las personas con discapacidad, además de una violación del derecho a la vida consagrado por la Constitución Nacional, el Código Civil y todos los tratados internacionales suscriptos en el país, incluida la Convención para los Derechos del Niño, que defienden ese principio y protegen a las personas diferentes respetándolas en su dignidad humana.
Jamás un artículo del Código Penal puede estar por encima de la Constitución Nacional ni de Tratados Internacionales suscriptos. Y el niño no nacido es una vida que merece todo el respeto y cuidado desde el mismo momento de la concepción en que se forma la persona humana.
Hace unos años se dio un caso parecido en la provincia de Buenos Aires y el embarazo llegó a feliz término merced a la diligencia de un Defensor de Pobres Menores y Ausentes que batalló duramente. Gracias a la labor de éste letrado, aquel bebé se transformó en una joven saludable y agradecida de ese abogado que le posibilitó seguir viviendo.-
La solución a un embarazo no deseado nunca es la muerte del ser por nacer sino la entrega del mismo en adopción. Hay muchísimos matrimonios o parejas que esperan años para poder adoptar un bebé y darle las mejores condiciones espirituales y materiales para su desarrollo. Y en el caso que comento, hasta un Abogado (a quien felicito por su valentía y principios) se ofreció para adoptar a la criatura y evitar de ese modo su muerte segura.
Miles de abortos son cometidos anualmente en el país y obviamente sin autorización legal. Se arguye a favor de la legalización del aborto que ello permitiría efectuarlo en mejores condiciones de asepsia. Estimo que tal propuesta esconde tremendas consecuencias. La primera de ellas es que las mujeres que sufren esas prácticas padecen terribles secuelas, tanto desde el punto de vista físico como el psíquico. Por otra parte, el Estado debe tener una posición ética y legal y ello debiera comprometerlo con la preservación de la vida, impidiendo que se legitime la matanza en masa de niños por nacer e inculcando educación a los jóvenes y valores de responsabilidad y solidaridad, tanto desde el hogar como en la escuela e instituciones sociales.
No puede admitirse la eliminación de la vida de un inocente. Implicaría un retroceso en la evolución ética del hombre y volveríamos al monte Taigeto, desde donde los espartanos arrojaban a los recién nacidos con malformaciones, en lugar de avanzar hacia Teresa de Calcuta, que pedía que le dieran los niños que iban a matar.
Abogado
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