E l bloqueo de los camioneros de Hugo Moyano contra las bocas de expedición de La Nación y Clarín en Buenos Aires, representa un grave atentado a la democracia. Unas 300 personas evitaron por la fuerza y con piquetes la salida de los diarios. El daño que su actitud infligió a la prensa en su conjunto y a la libertad sindical en particular resulta poco menos que irreparable.
La reaparición en escena de grupos sindicales violentos erizó la piel a más de un compatriota que comprobó azorado el resurgir de los fantasmas del pasado y que pudo verificar en ese hecho tan repudiable la realidad nunca modificada del corporativismo más atrabiliario, que todavía es sustancial a cierto sindicalismo de neto cuño vandorista, al que aún no parecen haberle llegado los aires frescos de la democracia que, con todas sus virtudes y defectos, vivimos los argentinos.
Con su poder irrestricto y seguramente con el guiño cómplice de sus mayorales y socios en el gobierno, el jefe camionero arguyó que la distribución de esos periódicos no era realizada por el sindicato de canillitas sino que estaba a cargo de cooperativas autogestionarias de trabajadores independientes, los que fueron obligados por la fuerza a sindicalizarse en dicho gremio para poder continuar con su tarea y así seguirles llevando diariamente y con dignidad el pan a sus hijos.
El titular de la central obrera más importante del país, que lleva más de una década en el cargo y al que debe reconocérsele una prolongada militancia gremial, no puede ni debe desconocer que el bien más preciado de cualquier hombre es la libertad, y que ese valor supremo debe regir también la vida del sindicalismo.
Pero aferrado a un corporativismo anacrónico, quien dice ser el defensor de los trabajadores argentinos, optó por la defensa cuasi patronal de una de las organizaciones que lo sostienen política y económicamente en su función de representación ya casi vitalicia, en lugar de defender el trabajo concreto y honesto de sus proclamados representados.
No deja de llamar la atención que la extrema gravedad de este inconcebible e inaceptable atropello contra la empresa periodística privada haya ocurrido apenas una semana después que el Congreso de la Nación, aún con mayoría oficialista, lograra la sanción de la nueva ley de Medios Audiovisuales, convertida por la obcecación monárquica del Gobierno, en una mordaza y un disciplinamiento de neto corte estalinista hacia el periodismo libre.
Pero hay más todavía: se trató de un real acto de venganza contra el periodismo gráfico, que fue con su indeclinable firmeza y su insobornable independencia el que de algún modo catalizó aquel odioso compilado de regulaciones y controles, que desnaturalizan y deforman la esencia misma del quehacer informativo, además de provocar en la pareja gobernante un odio tan insensato como visceral a todo lo que sea crítica y denuncia, abdicando por completo de toda concepción democrática en el ejercicio de un poder omnímodo, que casi no reconoce límites ni fronteras.
Y no deja de ser un hecho particularmente singular y significativo que la mayor fuerza de la nueva patota sindical moyanista se haya concentrado en las bocas de expedición de los dos diarios nacionales de mayor circulación, que casualmente se caracterizan por su espíritu crítico y son considerados verdaderos enemigos públicos por un gobierno cada vez más autista y desapegado ya definidamente de las sanas prácticas republicanas.
Idéntica actitud corporativa, autoritaria y personalista desnudó Moyano cuando otra de las centrales obreras argentinas, la CTA, obtuvo un ejemplar fallo de la Justicia para funcionar en plena legalidad y con todas las incumbencias que le acuerda el derecho, agrupando en su seno a todas las organizaciones sindicales que así lo deseen. Y como no podía ocurrir de otra manera, la autoridad de aplicación del Poder Ejecutivo no sólo ignoró el pronunciamiento sino que desde entonces hasta la fecha no instrumentó dicho mandato.
La AFL-CIO es la central de trabajadores más importante de los Estados Unidos pero no la única, y con ella conviven democrática y pacíficamente más de una docena de centrales menores que agrupan a importantes ramas del quehacer laboral. No existe el prehistórico sindicato único por actividad y ningún trabajador está obligado a sindicalizarse. Se respeta la defensa de los derechos de la clase obrera, pero prevalentemente la libertad de cada ciudadano.
Si al menos aprendiéramos los modelos de organización social de los países más prósperos y desarrollados quizá podríamos sacudirnos muchas de las lacras que nos estancaron en el tiempo. Pero no. Perseveramos en mantenernos de espaldas al mundo moderno, y nos ponemos a la cola de los más atrasados y menesterosos.
Ni siquiera la consecuencia política ni la identidad programática con el gobierno del que dice ser socio acompañan al dictador camionero. Hace menos de tres semanas la propia Presidenta de la Nación anunció un original programa de fomento de las cooperativas de trabajadores desocupados, disponiendo importantes partidas presupuestarias para estimular -según dijo- la actividad productiva autogestionaria y erradicar la dádiva y el clientelismo.
Lo curioso es que el propio Moyano estuvo como invitado honorable en el salón de la Casa Rosada donde se formalizó pomposamente dicho anuncio.
Pero el vejamen más grave que consumaron estas personas identificadas con Moyano en aquel deleznable suceso, no fue propiamente contra los medios afectados. Fue contra la Constitución Nacional y contra el derecho de todos los ciudadanos, al vulnerar salvaje y simultáneamente los principios fundacionales de la república y la democracia: la libertad de prensa, la libertad de expresión y el sacrosanto derecho a la información.
Si ya ni de esos elementales sabios principios de protección disponemos, ¿cuál es entonces la garantía básica que nos convierte en ciudadanos? ¿No nos estaremos encaminando peligrosamente a una mazmorra sin barrotes?
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