La Justicia santiagueña ordenó ayer “suspender de inmediato” los trabajos de demolición de dos pilotes del Puente Negro y notificó de esta situación a los responsables de la empresa que tiene a cargo la construcción de una defensa y la costanera del río Dulce, del lado de La Banda, obra que lleva adelante la Municipalidad de esa ciudad.
Mediante una medida cautelar de no innovar que fue emitida ayer por la Justicia, se ordenó que se detengan los trabajos de demolición del sector del Puente Negro, en donde se están construyendo las defensas sobre el río Dulce y una costanera.
La disposición judicial fue firmada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Dr. Fernando Curet, en respuesta al reclamo efectuado por el Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate.
Por otra parte, el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, encomendó a Fiscalía de Estado la realización de todas las acciones necesarias para reconstruir el Puente Negro, parcialmente demolido en la construcción de las defensas y una costanera en el río Dulce, a cargo de la Municipalidad de La Banda.
Intervención
Al mediodía de ayer, los pobladores del barrio Río Dulce, en el sector que se encuentra detrás del Parque Industrial, se vieron sorprendidos por el ingreso de un móvil del Comando Radioeléctrico con siete policías, escoltando a dos vehículos oficiales en los que se trasladaban funcionarios de Fiscalía de Estado, de Escribanía de la Provincia y del Ministerio de Obras Públicas. Posteriormente, arribó al lugar un vehículo del Poder Judicial, en el que se trasladaba un oficial de Justicia.
Todos convergieron en el lugar en donde se están llevando a cabo movimiento de suelo para la construcción de las defensas, más específicamente en el sitio en que fueron destruidas dos pilas que sostenían cuatro tramos de la estructura metálica del Puente Negro.
A la hora del arribo de los funcionarios, no había operarios trabajando ya que estaban almorzando en el obrador de la empresa constructora, ubicado a unos 400 metros del lugar. Sólo había una persona cuidando las máquinas pesadas.
Mientras aguardaban el arribo del encargado de la obra para entregarle el oficio judicial en el que se dispone la paralización de la demolición, la escribana María Cristina Jorge, asesorada por un técnico en puentes, labraba un acta en la que asentaba cuáles fueron los tramos del puente que habían sido removidos.
Paralelamente, el Dr. René Alderete, abogado asesor de Fiscalía de Estado, explicó a EL LIBERAL, único medio presente, que las actuaciones que estaban llevando a cabo consistía en revisar las estructuras faltantes, “vemos que se han destruido tres tramos, supuestamente son seis cuerpos y vemos que en el lugar hay solamente dos, por lo que hemos venido a constatar adonde han ido a parar los otros cuatro cuerpos que faltan”.
Asimismo, aclaró que “la medida cautelar de no innovar emitida por el juez Curet se refiere a la paralización de esta obra, o sea la destrucción de la estructura, no alcanza al resto de los trabajos que están realizando para construir las defensas”.
Indicó que la paralización será “hasta tanto se acredite con documentación técnica que cuentan con la autorización pertinente, o sea hasta que se aclare si hay autorización para romper, aunque tengo entendido que ningún proyecto contempla la destrucción del puente”.
Contó el abogado que durante una entrevista mantenida con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda, “nos manifestó que cuentan con la autorización de la provincia para realizar la obra, porque sin el visto bueno, la Nación no iba a financiar”.
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