En el marco del pronunciamiento de la Iglesia Católica de su “preocupación” por la crisis política derivada del uso de las reservas del Banco Central para el pago de obligaciones de la deuda externa, existe la posibilidad de que algunos obispos incluyan alguna línea sobre los “ataques” a la familia y a la vida por nacer, a raíz de los fallos judiciales y la presentación de proyectos de ley para favorecer el matrimonio entre personas del mismo sexo o autorizando a practicar un aborto.
Y en buenahora que así sea, porque el bombardeo mediático de estos hechos sume a la comunidad cristiana en una suerte de indefensión expresiva, toda vez que no se perciben los canales para manifestar la contrariedad de una sociedad que ve azorada el debilitamiento de sus más elementales valores.
Ayer trascendió que el texto “breve” estaba siendo consensuado por una veintena de obispos y se difundirá, en horas del mediodía de hoy, al cierre de dos días de deliberaciones de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina que preside el cardenal Jorge Bergoglio.
Por un lado, un viejo proyecto de ley que promueve la legalización del aborto fue ingresado el lunes, a instancias del bloque de diputados de Nuevo Encuentro que lidera Martín Sabbatella, en coincidencia con la celebración del Día de la Mujer, con nuevas perspectivas al Congreso, donde se prevé una dura batalla con alineamientos no impresos en la identidad partidaria sobre uno de los temas que más debate genera al interior de la sociedad.
Por otro, el procurador general de la provincia del Chubut, Jorge Miquelarena, confirmó ayer que la Cámara Civil del Superior Tribunal de Justicia autorizó el aborto a una adolescente de 15 años, que habría sido violada por su padrastro.
Y para completar la tríada de esta avanzada, el miércoles 3 de marzo también se llevó a cabo el casamiento entre Damián Bernath, de 39 años, y Jorge Salazar Capón, de 43, sobre el cual el juez Félix Igarzábal ya aceptó una presentación particular que pidió la nulidad del vínculo, por considerar que la boda violó el Código Civil. El denunciante, Ernesto Lamuedra, adujo que el Código Civil sostiene que para la existencia de un matrimonio es indispensable el consentimiento de “hombre y mujer”. Si bien el argumento es válido legalmente, no afecta el fondo de la cuestión, que tiene más que ver con una peligrosa relajación de la moral, forzando situaciones antinaturales para que parezcan no sólo plausibles, sino totalmente legítimas.
Otra arista del Bicentenario radica en este eje precisamente, ya que a partir de que España sancionara su Ley del Aborto el 24 de febrero último, en medio del fuerte rechazo de la Iglesia Católica y de sectores políticos conservadores, varios países de América latina se ven envueltos nuevamente en este debate, que parece arreciar tras el ejemplo de la Madre Patria.
Según el Ministerio de Salud, en Argentina se estima que se producen alrededor de 400.000 abortos clandestinos por año y esta práctica es una de las principales causas de mortalidad materna.
Es urgente solucionar esta dura realidad, pero intentar resolver el problema autorizando los abortos no es en absoluto garantía de que la cifra disminuirá, lo que sí asegurará será el asesinato masivo de seres inocentes, a los que ni siquiera se les está reconociendo el derecho a nacer.
Tampoco se ayuda a la institución familiar permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que es esperable que una vez que consigan este objetivo, vayan por otro nuevo, como la adopción de niños, el alquiler de vientres, o cualquier otra práctica contraria a la naturaleza humana, y las que por ahora ni siquiera podemos imaginarnos.
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