El relato que una de las adolescentes ofreció a los investigadores del abuso fue tan estremecedor que el abogado que iba hacerse cargo de la defensa del sospechoso decidió retirarse y anunciar a los funcionarios judiciales que no asumiría esa tarea, indignado por lo sucedido.
Las hermanas violadas fueron traídas recientemente a la capital para que testifiquen utilizando la Cámara Gesell sobre la situación traumática que vivieron.
A través de la declaración de las chicas se supo que los ataques sexuales y las consiguientes amenazas habían comenzado mucho antes de que el caso saliera a luz.
Inmediatamente confirmados los abusos sexuales mediante la testimonial de las víctimas y con las pericias médico-ginecológicas, el juez Darío Alarcón ordenó la detención del primo de la madre de las menores, que tiene 26 años y vive a menos de un kilómetro del hogar de las damnificadas.
En ese momento, la embarazada no hizo referencia a que iba a intentar poner fin a su embarazo, sino que esto surgió algunos días después, cuando la progenitora se presentó ante la defensora oficial, Ana María Rodríguez.
Ante ella expuso la angustiosa situación que vivían sus hijas y el resto de la familia, y que temía que la mayor de las chicas tome una drástica decisión porque no estaba en los planes de la familia criar a un bebé gestado de manera forzada y violenta.
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