El Superior Tribunal de Justicia suspendió la matrícula de escribana
Es la primera resolución en el marco de la investigación que lleva adelante el alto cuerpo judicial sobre más de veinte denuncias en contra de estos profesionales. Los argumentos que tuvo en cuenta la Sala Notarial.
La Sala del Notariado del Superior Tribunal de Justicia suspendió por tres meses a la escribana Roxana Bonahora de Hanne, quien durante ese lapso no podrá ejercer ningún tipo de actividad notarial.
La acordada fue firmada el pasado martes por los integrantes de dicho cuerpo, Eduardo Llugdar, Sebastián Argibay y Pedro Rímini Olmedo.
Calificadas fuentes expusieron que se trata de la primera de las resoluciones en torno a los 16 sumarios que está analizando dicho cuerpo, los que fueron solicitados al Colegio de Escribanos porque se habrían vencido los plazos para que los órganos de esa institución se expidieran sobre cada uno de los planteos que se recibieron de particulares y empresas, por actuaciones supuestamente irregulares cometidas por algunos de sus asociados.
En el caso puntual de la profesional sancionada, las actuaciones se remontan a más de un año, cuando un presunto damnificado por una actuación que le cupo a la notaria la acusó de haber incumplido con su función.
Bonahora de Hanne habría facilitado un protocolo a una persona allegada, quien lo debía llevar para hacerlo firmar por el padre, quien supuestamente estaba enfermo y no podía movilizarse hasta la escribanía, que es lo que hubiera correspondido. La legislación contempla algunas excepciones para sacar el libro de protocolos de una escribanía y si hubiera sido éste el caso, la notaria debía haber concurrido al domicilio en el que se encontraba el firmante, algo que no hizo.
Se trataba de un poder concedido por un padre a su hijo para que éste lo representara en un juicio laboral, según trascendió.
El conflicto se suscitó cuando el supuesto firmante, Ángel Alonso Samez, denunció en la Fiscalía del Crimen de Segunda Nominación, que se había falsificado su firma en el poder del que dio fe la escribana.
Como consecuencia de esa denuncia en el Juzgado a cargo de Ramón Tarchini Saavedra y se notificó esta novedad al Colegio de Escribanos, donde se abrió el sumario administrativo.
Desde el punto de vista penal, trascendió que no habría avanzado la investigación porque la normativa vigente no habilita la denuncia entre familiares directos, como padres e hijos.
La acordada fue firmada el pasado martes por los integrantes de dicho cuerpo, Eduardo Llugdar, Sebastián Argibay y Pedro Rímini Olmedo.
Calificadas fuentes expusieron que se trata de la primera de las resoluciones en torno a los 16 sumarios que está analizando dicho cuerpo, los que fueron solicitados al Colegio de Escribanos porque se habrían vencido los plazos para que los órganos de esa institución se expidieran sobre cada uno de los planteos que se recibieron de particulares y empresas, por actuaciones supuestamente irregulares cometidas por algunos de sus asociados.
En el caso puntual de la profesional sancionada, las actuaciones se remontan a más de un año, cuando un presunto damnificado por una actuación que le cupo a la notaria la acusó de haber incumplido con su función.
Bonahora de Hanne habría facilitado un protocolo a una persona allegada, quien lo debía llevar para hacerlo firmar por el padre, quien supuestamente estaba enfermo y no podía movilizarse hasta la escribanía, que es lo que hubiera correspondido. La legislación contempla algunas excepciones para sacar el libro de protocolos de una escribanía y si hubiera sido éste el caso, la notaria debía haber concurrido al domicilio en el que se encontraba el firmante, algo que no hizo.
Se trataba de un poder concedido por un padre a su hijo para que éste lo representara en un juicio laboral, según trascendió.
El conflicto se suscitó cuando el supuesto firmante, Ángel Alonso Samez, denunció en la Fiscalía del Crimen de Segunda Nominación, que se había falsificado su firma en el poder del que dio fe la escribana.
Como consecuencia de esa denuncia en el Juzgado a cargo de Ramón Tarchini Saavedra y se notificó esta novedad al Colegio de Escribanos, donde se abrió el sumario administrativo.
Desde el punto de vista penal, trascendió que no habría avanzado la investigación porque la normativa vigente no habilita la denuncia entre familiares directos, como padres e hijos.