Báez pidió una audiencia a la cámara y va por Casanello
El empresario le pidió una audiencia a la Cámara que debe resolver sobre la continuidad del juez de "la ruta del dinero K", tras la recusación que hizo su hijo Leandro.
La sorpresiva presentación que hizo Leandro Báez en la Justicia provocó el cambio de estrategia de Lázaro Báez. El empresario K, detenido por presunto lavado de dinero, sólo había presentado escritos ante la Justicia, pero ahora le escribió una carta a la Sala II de la Cámara Federal para pedirle una audiencia.
Se trata del tribunal que debe resolver sobre el pedido de recusación al juez federal Sebastián Casanello, que rechazó el planteo que hizo el hijo de Báez para apartarlo de la causa de "la ruta del dinero K". El joven trató de remover al magistrado por supuesta parcialidad a raíz de "la relación que el juez tendría" con la expresidenta Cristina Kirchner.
En caso de que se realizara la audiencia el empresario K presentaría documentos que demostrarían los presuntos vínculos del juez con allegados a Cristina o con ella misma, de acuerdo al diario Clarín. La movida del hijo de Báez habría acelerado los tiempos para que el empresario detenido cambiara de estrategia ante la Justicia.
El pedido de Báez se basa en el artículo 454 del Código Procesal Penal. El artículo establece que si un juez rechaza una recusación en su contra el imputado puede pedir una audiencia al tribunal de segunda instancia, reunión que debería realizarse de cinco a treinta días después de aprobada.
LAS SOSPECHAS DE LÁZARO
En línea con lo manifestado por Leandro Báez, el empresario K cree que -por orden de Cristina- el juez hizo un "cerco judicial" alrededor de él para no avanzar ni sobre la expresidenta ni sobre los funcionarios que participaron del reparto de obra pública en Santa Cruz, por la que se habrían pagado fuertes sobreprecios durante el kirchnerismo.
La Sala II de la Cámara Federal está integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah y fue muy crítica con la labor de Casanello en la causa. El tribunal le había ordenado al magistrado ampliar la investigación por lavado de dinero, mucho más allá de los cinco millones de dólares que se habrían manipulado en "La Rosadita".