Diputados debatirán la reforma del Ministerio Público Fiscal
El mes que viene se convocará un plenario de distintas comisiones para tratar el proyecto y evaluar cambios al texto original.
La Cámara de Diputados retomará en agosto, cuando reanude su actividad después del receso invernal, la discusión del proyecto del Poder Ejecutivo para reformar el Ministerio Público Fiscal, que sufrirá cambios significativos para conformar a aliados y al propio oficialismo que tienen que sumar fuerzas para sancionarlo en el recinto. A fines de junio, el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre (UCR- Cambiemos) sostuvo que ‘no están dados los acuerdos suficientes’ para que prospere la iniciativa original del Ministerio de Justicia, por lo que su tratamiento pasaba para los primeros días del mes entrante.
Uno de los principales puntos que genera desacuerdo es la creación de las cuatro ‘subprocuradorías’ destinadas a menguar las facultades que actualmente tiene el procurador general, que ahora encarna Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su identificación con el kirchnerismo por el Gobierno y sectores del oficialismo y de la oposición parlamentaria. La falta de acuerdo sobre el contenido del proyecto hizo que durante junio varias reuniones conjuntas de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda fueran suspendidas.
Mestre indicó entonces que recién en agosto volverá a convocar un plenario de las comisiones competentes para tratar el proyecto con el fin de evaluar cambios al texto original. La propuesta del Poder Ejecutivo apunta a limitar a cuatro años el mandato del procurador, que actualmente no tiene término y crear las cuatro subprocuradorías en provecho de una ‘mayor transparencia’. Como Cambiemos no cuenta en Diputados por sí sólo número suficiente para aprobar el proyecto, se ve obligado a llegar a acuerdos con sectores amigables de la oposición, como el F. Renovador y el Peronismo.
Una de las dificultades que afronta la iniciativa es la creación de las bprocuraciones,encargadas de abordar distintos aspectos de la función que ahora son facultades del procurador general. Por otra parte, como hay coincidencia en la necesidad de poner plazo al mandato del procurador, se evalúa fijarlo en cinco o siete años.