La agenda económica se ordena por la fuerza de los hechos

El tremendo avance de la pobreza en el país ocurrió pese a un notable aumento del gasto público en las distintas jurisdicciones, de la mano de la incapacidad de la economía de crear empleos productivos, bien remunerados y formales.

Aunque no fue sorpresa para los especialistas, el informe del Indec sobre la magnitud del problema de la pobreza en la Argentina vino a eclipsar un sinnúmero de discusiones y está actuando como un catalizador que ordena prioridades y urgencias.

Por caso, después de este dato el gobierno no encontró mayores resistencias para postergar por un año el cronograma de disminución de las retenciones que pagan las exportaciones de soja. Éste ha sido el primero, pero no el último, de los efectos colaterales de haber constatado que en nuestro país hay 14 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Dos derivaciones surgen de inmediato: por un lado, la importancia de mejorar en forma drástica la eficacia del gasto público asignado a objetivos sociales, para evitar el desvío de millones y millones de pesos que no llegan a sus destinatarios finales. Por otro lado, la necesidad de lograr un rápido impacto sobre el empleo de la reactivación en marcha. Cualquier otro objetivo deberá ser medido contra esas prioridades.

El tremendo avance de la pobreza en el país ocurrió pese a un notable aumento del gasto público en las distintas jurisdicciones, de la mano de la incapacidad de la economía de crear empleos productivos, bien remunerados y formales. Por ende, la situación no podrá revertirse aplicando las mismas políticas. El punto de partida, a su vez, condiciona la hoja de ruta, porque el elevado nivel del gasto público, que podría ser una “solución” transitoria, implica del otro lado del mostrador una altísima presión tributaria, que desalienta inversiones y empleo genuino.

El camino del medio, que es el que se está transitando, sustituye ajuste fiscal por endeudamiento, pero esta vía no es inocua: este año, las emisiones de deuda externa concretadas desde la Argentina (incluyendo la última en euros) suman 32 mil millones de dólares, de los cuales 21,7 mil millones fueron efectuadas por el gobierno nacional; 6,0 mil millones por las provincias, y sólo 4,3 mil millones por las empresas. Si se excluye a YPF de ese último segmento, se tiene que sólo 8 % de las emisiones en moneda extranjera han sido realizadas por el sector privado.

Perspectivas

Aunque las cifras de 2016 están contaminadas por el arreglo con los holdouts, la perspectiva para 2017 no es tan diferente. Dada la magnitud del rojo fiscal, es probable que entre Nación y provincias el año próximo intenten colocar deuda por algo entre 15 y 20 mil millones de dólares.

Aunque el riesgo país ha bajado y varias empresas líderes han emitido bonos en condiciones favorables (clave para que renazcan los proyectos de inversión), es importante que el sector público pueda dar señales de moderación en su endeudamiento. Hay que evitar que las empresas bosquejen un escenario de persistencia de la elevadísima presión impositiva, por la carga de intereses a la que habría que hacer frente si no hay un giro en esta política.

Afortunadamente, no existe conflicto entre la búsqueda de mayor austeridad por parte del estado y el objetivo de ampliar los mecanismos de contención social. Es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo.

Un reciente estudio de los economistas Marcelo Capello y Gerardo García Oro, de Ieral, consigna que en 2015 las distintas jurisdicciones del estado (nación, provincias y municipios) dispusieron de 248 mil millones de pesos en partidas de gasto social, una cifra 3,5 veces superior a los 69 mil millones que se necesitaban para cerrar la brecha entre los ingresos de las familias afectadas por la pobreza y la canasta de bienes y servicios que se utiliza como referencia.

Este año, las tres jurisdicciones estarían manejando 300 mil millones de pesos para fines sociales, por lo que es clave que ese dinero llegue a su destino. ¿Por qué no ocurre? De acuerdo al trabajo citado hay problemas de focalización y escala, programas mal diseñados, otros que se superponen o no se coordinan. Desde fin de 2015 las condiciones institucionales han cambiado y estos problemas podrían comenzar a ser superados, aunque es crucial que esto se dé a mayor velocidad.

Mientras tanto, la agenda económica también se clarifica por discusiones que se resuelven en la práctica. Por caso, hasta hace pocas semanas había fuego cruzado sobre el Banco Central por el impacto de la política de altas tasas de interés sobre el nivel de actividad, una presión que ha comenzado a ceder de la mano de una serie de factores.

Por un lado, la inflación apunta a un andarivel inferior al 2 % mensual, lo que mejora en el margen el poder adquisitivo del salario. Por otro, la tasa de las Lebacs sigue en 26,75 % anual, pero el Gobierno nacional acaba de colocar un bono en pesos a cinco años, a una tasa fija de 18,2 % anual, en una exitosa operación de 50 mil millones de pesos. Y, sin dudas, para las decisiones de inversión es mucho más relevante esta última referencia.

Quienes compraron esos bonos a cinco años parecen tener más confianza en el Banco Central que muchos analistas locales. Hay que tomar nota que esa operación habrá de resultar rentable en divisas si el dólar para fin de 2017 está en el orden de los 18,2 pesos, y en 20,2 pesos para fin de 2018. Puede no ocurrir, pero si éste fuera el escenario, para las industrias el mensaje se resume en tres palabras: productividad, productividad, productividad. Y la responsabilidad del sector público se hace exponencial, ya que tendrá que dar vuelta la actual combinación de burocracia, impuestos gordos y servicios magros. De lo contrario, brillarán por su ausencia los empleos que se necesitan para erradicar de raíz el flagelo de la pobreza. l

(*) Economista