ACUERDO

Organismos evitarán el abuso en las prácticas comerciales

Se trata del Operativo Consumo Garantizado II, que prevé sanciones para establecimientos comerciales que presenten irregularidades.

En la Defensoría del Pueblo de la provincia se suscribió el acta acuerdo por la cual se lanza el Operativo Consumo Garantizado II.

La iniciativa, en esta ocasión, tiene en cuenta la inminente llegada de las fiestas de fin de año, por lo que especifica que "al Estado le cabe la responsabilidad de garantizar, a toda la ciudadanía, el correcto desenvolvimiento de las actividades comerciales y/o evitar el abuso en las prácticas comerciales, como se detectaran en el primer operativo, con alto impacto, y que se tradujeron en importantes correcciones en la comercialización de productos y servicios".

Compromiso

El convenio fue suscripto por el director de Comercio de la provincia, Ing. Guido Larcher; Cristina de Toro, por la dirección de Bromatología de la provincia organismos dependientes del Ministerio de Economía de la provincia-, y el Dr. Lionel E. Suárez, como defensor del Pueblo Adjunto, a cargo del organismo.

El relanzamiento de un operativo de control por parte de las autoridades de aplicación, tendrá como ejes la correlación con "exhibición de precios"; "correspondencia precios de góndola-caja", "información general al cliente" y "comercialización de alimentos", de acuerdo con lo establecido en las leyes nacionales Nº 24.240 de Defensa del Consumidor; la Nº 22.802 de Lealtad Comercial y la Nº 25.065 de Tarjetas de Crédito, y Ley Nº 18.284 Código Alimentario Argentino y sus correspondientes reglamentaciones; donde el consumidor pueda visualizar que el establecimiento donde está haciendo su transacción ha sido recientemente controlado y se le asegura su cumplimiento en lo relativo a la legislación.

Participarán del operativo la Dirección General de Comercio, como responsable de la organización, coordinación e inspección; la Dirección General de Bromatología, con tareas de inspección en los casos que corresponda y la Defensoría del Pueblo.

En lo operativo, se estableció que "los establecimientos que presenten irregularidades serán apercibidos para que procedan a su normalización en el término de 48 horas. Transcurrido ese tiempo, se procederá a una nueva inspección a fin de constatar la normalización de las irregularidades".

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