ENTRE RÍOS

Abogado negó haber abusado a más de 2 mil menor

Una publicación lo había señalado como quien pudo haber corrompido a más de 2 mil jóvenes. Le prohibieron salir del país.

Un abogado entrerriano, investigado por la Justicia ante una denuncia periodística por corrupción de más de 2.000 menores y abusos, entre 1970 y 2010, negó todas las acusaciones en su contra en una entrevista radial y tras el allanamiento que se realizó a su domicilio particular.

Gustavo Rivas es el hombre aludido en las denuncias de la revista Análisis que indicó que durante 40 años (1970 - 2010) pudo haber corrompido a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, preferentemente de bajos recursos.

Ante esa acusación, el abogado señaló que "no hay nada de cierto en lo poco que he leído de lo publicado. Cualquier persona que me conoce sabe que soy una persona de bien. No encuentro explicaciones, qué motivos puede haber para hacer esto, que jamás imaginé", dijo el letrado.

Esta semana, la Justicia entrerriana allanó su casa de Gualeguaychú. El fiscal coordinador de esa ciudad, Lisandro Beherán, inició una causa de oficio por corrupción de menores y abusos contra Rivas, tras la denuncia periodística.

Rivas dijo en declaraciones radiales sentirse "sorprendido, pero muy tranquilo. Tomé conocimiento de esto en la noche del miércoles y después me puse en contacto con mis hermanos para alertarlos del mal momento que iban a pasar. Pienso seguir con mi actividad normal y por ahora le he comunicado la situación al abogado Raúl Jurado".

El abogado dijo que siempre había estado en contacto con jóvenes durante toda su vida por la docencia, carrozas, el deporte y otras actividades.

"Desde ya, en principio, niego todo esto, lo veo muy exagerado", sostuvo Rivas.

Según la denuncia de Análisis durante 40 años (1970 - 2010) pudo haber corrompido a más de 2.000 adolescentes.

Este viernes, el fiscal coordinador general, Lisandro Beherán, informó las medidas que le solicitó al juez de Garantías y Transición Nº 1, Mario Figueroa. Al respecto, requirió la prohibición de salir de la ciudad y del país sin permiso de la Justicia y una restricción de acercarse a quienes hicieron la denuncia.

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