Tribunal otorgó la eximición de prisión para los empleados de Tarjeta Naranja
La defensa se aseguró la libertad de Pons y Gutiérrez. Están sospechados de alzarse con dinero de la caja y fraguar préstamos de clientes. Ahora, el "plan B" sería una probation, con una condena leve y quizá la devolución del "botín".
La Cámara de Apelaciones concedió la eximición de prisión a los dos empleados de Tarjeta Naranja, implicados en la sustracción de $ 1.400.000, trámite que permitiría a la defensa intentar la "probation", es decir la suspensión del juicio a prueba.
Así lo resolvieron los vocales Cristian Vittar (presidente), Gloria Cárdenas y Raúl Romero, al concederles sendos beneficios para Agustín Pons y Nahuel Gutiérrez, cuyas historias adquirieron trascendencia en agosto al retirarse de las oficinas, de calle Pellegrini, con bolsas (y mochilas) repletas de dinero.
Las imputaciones
Hurto, defraudación y falsificación de firma son los delitos enrostrados a Pons y Gutiérrez, representados por César Barrojo y Daniel Santillán, respectivamente.
Según el expediente, los empleados se alzaron con dinero de las arcas de Naranja, pero también habrían falsificado las firmas de algunos clientes, otorgándoles préstamos sin que éstos jamás los requirieran.
En efecto. El día de su "desaparición", Pons y Gutiérrez habrían cerrado préstamos individuales por más de $ 800.000, pese a que la mayoría de sus compañeros no alcanzaron operaciones más allá de los $ 170.000 u $ 180.000.
Materializada la maniobra, el escándalo recaló en la Fiscalía.
Al parecer, en el medio la familia de uno de los empleados, habría sugerido devolver la cifra, siempre y cuando cesara la avanzada judicial.
Acto II
Hoy, el proceso está firme. Un tribunal ayer dio luz verde a la eximición de prisión, pero dijo "no" a la nulidad de la resolución refrendada por el juez de Control y Garantías, Rodolfo Améstegui.
Barrojo pretendía hacer caer todo lo actuado; inclusive, las imputaciones.
Por ende, hoy Améstegui deberá fijarle las cauciones reales para los dos jóvenes y así garantizar el cumplimiento de lo acordado por el tribunal.
Los vocales dejaron claro en la víspera que sólo resolverían la viabilidad, o no, de la eximición. Lo demás, será batallado entre los defensores y la Fiscalía.