Sin ajuste no hay salida
Por Héctor Rubini.
Los efectos de la crisis cambiaria comenzaron a hacerse visibles en los precios al consumidor. Nadie espera que el IPC de mayo aumente menos que en abril, ni un sendero menos inflacionario para el resto del 2018.
No está del todo claro que se revierta en el próximo semestre la presión alcista sobre los precios internacionales del petróleo y el gas. Tampoco la suba gradual de tasas de interés en EE.UU. ni la apreciación del dólar. El efecto sobre costos y precios locales es inevitable, y sumará más presión al Gobierno.
Estabilizar exige enfriar la demanda, pero el impacto sobre la población nunca es homogéneo. La graduación y distribución de recortes en el gasto público requiere preservar un delicado equilibrio entre la necesidad de revertir el déficit fiscal y el de la cuenta corriente y la de corregir distorsiones de precios e ingresos minimizando los impactos distributivos adversos sobre los segmentos de ingresos medios y bajos. La estrategia a seguir nos reubica en diciembre de 2015.
El desafío era el de remover el estatismo heredado del kirchnerismo, resolviendo el pleito con los holdouts y aplicar políticas coherentes con la estabilidad y el crecimiento. El retorno a un sistema de economía mixta de mercado exige afrontar el desafío de corregir distorsiones de precios, expansionismo fiscal y monetario y permanente, además de la necesidad de restaurar los incentivos y la disciplina de mercado para recuperar terreno perdido en materia de inversión local y extranjera, y de volumen y diversificación de exportaciones.
A nivel micro, la demanda social implícita era por más empleo, menos inflación, menor presión impositiva y baja en el costo del crédito. Los avances, hasta ahora, distan de ser satisfactorios. E l camino elegido no fue exactamente el esperado. El shock inicial consistió en la unificación cambiaria, la resolución del problema de los holdouts y la liberalización del comercio exterior e interior, y de los mercados cambiario y de crédito.
En materia fiscal no hubo avance alguno, y la ampliación de la cantidad de ministerios no significó mayor efectividad ni eficiencia. Tampoco fue acompañada por mayor austeridad fiscal. El blanqueo de la deuda no reconocida por el Gobierno anterior forzó a un aumento inicial de la deuda pública, pero sin reducción del déficit total, la reducción del déficit primario que se intenta encaminar desde el año pasado no compensa la acumulación de intereses de la deuda pública.
A esto se ha sumado la opción por liquidar las divisas captadas por la nueva deuda externa en el BCRA, esterilizando parcialmente la emisión de dinero asociada con deuda remunerada del BCRA (Lebac más las Leliq emitidas desde el 11/01/18). Las reservas internacionales del BCRA llegaron a su récord histórico, pero de la mano de mayor endeudamiento externo.
En efecto, también han crecido de manera permanente los stocks de deuda del Sector Público No Financiero, deuda remunerada del BCRA, y los pasivos monetarios del BCRA. Algunos ratios (sobre todo en relación al PIB) están lejos de alarmar a nadie, pero otros generan no pocas dudas sobre su sustentabilidad. Los servicios de la deuda pagados en 2015 equivalían al 38,9% de los recursos tributarios, y en 2017 ya ascendían el 65,8%.
A su vez el stock de deuda remunerada del BCRA pasó de 47,6% de la base monetaria del 10/12/15 a 122% el pasado viernes 18 de mayo, luego de alcanzar el pico de 150% el 20/03/18. Todo esto refleja un sendero de expansionismo del gasto ya observado en la administración anterior que hasta ahora no se corrigió. Cuando el gasto agregado en bienes locales y de origen externo supera a los ingresos por ventas en el mercado interno y en el exterior, la diferencia (saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos) es negativo, o sea un déficit.
La película permite ver que las fotos estáticas muestran un empeoramiento sistemático: en 2015 el déficit de la cuenta corriente fue de u$s17.622 millones (2,7% del PIB), y en 2017 trepó a u$s30.792 millones (4,8% del PIB). La cuenta de capital y financiera muestra un financiamiento neto vía endeudamiento de u$s17.570 millones en 2015, que en 2017 ascendió a u$s30.653 millones. A su vez, la deuda externa de la administración central pasó de 90,8% de las exportaciones en 2015 a 163,8% de las de 2017.
Todo esto en un período en el que el PIB cayó 1,8% en 2016 y creció 2,9% en 2017. Ciertamente se combina un problema serio de falta de dinamismo de la oferta agregada (que de arrastra desde 2012) y de las exportaciones, con un expansionismo de demanda agregada que deberá corregirse en breve con alguna combinación de ajuste fiscal, incentivos a la inversión, y cambio de precios relativos que aseguren una mayor competitividad exportadora.
La experiencia muestra que los avances para estabilizar y aplicar reformas estructurales no sólo han sido insuficientes, sino que han aumentado la exposición a riesgos no controlables provenientes no tanto de shock externos, sino de restricciones internas y decisiones de política que no parecen haber sido las más acertadas.
La realidad obliga ahora a un giro de la “demand side economics” con lógica electoralista, a un programa más cercano a la “supply side economics” con menos Estado y más disciplina de mercado, sin hundir a la economía en una severa estanflación. La tarea supone incurrir en costos distributivos y reacciones en contra que pueden deteriorar aún más el capital político del oficialismo, pero el calendario avanza.
En junio del año próximo deben estar presentadas las listas de candidatos para las Paso de agosto de 2019. Esto forzará a no demorar más cualquier programa con costos iniciales, que conduzca a resultados positivos ya visibles a partir de fin de este año. Caso contrario, la incertidumbre política y también sobre la economía pondrá en serio riesgo la viabilidad de cualquier programa que se acuerde con el FMI, y las perspectivas electorales del oficialismo.