DESPECHO Y DENUNCIA

Golpeó a su pareja y ella delató un jugoso negocio con motos robadas

El incidente causó una confesión que expuso robos, hurtos, ventas y hasta arrebatos con motocicletas ilegales. Mañana pedirían preventivas.

Una agresión física y crisis de pareja habría desnudado la existencia de una banda que ganaba mucho dinero con motos robadas. Según la causa que edifica la fiscal Érika Leguizamón, hay 8 jóvenes presos por supuesta "asociación ilícita", y otros delitos. Leguizamón indicó en audiencia que el grupo desguazaba motos "y operaba especialmente en la zona sur de la ciudad". Ahondó que en general "los compradores de las motos conocían su origen ilegal; y hasta varios detenidos cometían arrebatos con ellas..." Juzgó que se está ante un combo delictivo "que operaba desde el 2017 y por el cual hemos secuestrado numerosas unidades". "Pruebas" Enfrente, los abogados Luciana Jiménez (por la defensa oficial), Carlos Ríos López y Horacio Pato no se la hicieron nada fácil a Leguizamón. Interpretaron que la Fiscalía no acreditó con pruebas "la real existencia de una asociación ilícita", pero reconocieron que tal vez les caben figuras menores. Contextualizaron el primer capítulo del proceso, al parecer con una mujer denunciante y luego resuelta en retirar los cargos para liberar al marido. Reprocharon el tiempo de detención de grupo, desde junio, y exhortaron a la jueza de Control y Garantías, María Pía Danielsen, "a concederles la excarcelación y la falta de mérito". A su turno, la jueza respaldó la posición fiscal y extendió la detención de los jóvenes, cuya fecha límite sería este viernes. Los unos y los otros Desde la matemática, la Fiscalía o la defensa pedirían audiencia para mañana. En su transcurso, Érika Leguizamón requeriría la prisión preventiva para los ocho jóvenes detenidos, se supo. En contraposición, la defensa volvería a la carga, ávida de las excarcelaciones, y/o falta de mérito para sus clientes. Vale subrayar que a la presunta banda delictiva se le endilgan motos, celulares y tablets de dudosa legalidad. Por el contrario, la defensa deslizó que muchos de los secuestros fueron incautados a los familiares de los acusados, ya que son suyos.

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