Tierra de nadie
Por Agustín Alcorta - Abogado.
Un nuevo suceso conmueve la opinión pública argentina, tomas de tierras por grupos que en mayor o menor medida se encuentran organizados, intentan competir por un lugar en la agenda mediática copada por el covid- 19.
Si bien es cierto las usurpaciones no son una novedad para el argentino promedio, los dichos de la Ministra de Seguridad de la Nación, quien manifestó que las tomas no son delitos, constituyen un hecho político inédito al pulverizar uno de los pilares sobre los que se asienta el estado de derecho y la civilización occidental: el derecho a la propiedad privada y la garantía que el estado asegura su efectivo cumplimiento.
Tamaña afirmación produjo un cimbronazo político fuera y dentro del partido que gobierna la provincia de Buenos Aires, por lo que su Gobernador, jurisdicción donde se produjeron la mayor cantidad de ocupaciones, ordenó a su propio Ministro de Seguridad que saliera a rebatir nuevamente a su par nacional.
Simultáneamente Juan Grabois, el abogado que lidera la CETEP aprovechaba los dichos de la cartera nacional y publicaba en su cuenta de Facebook una encendida defensa en favor de los usurpadores. Afirmaba que odiaba las tomas, que las mismas se producen por necesidad y que nunca se debe responsabilizar a los excluidos por sus propios padecimientos.
También decía que ocupar no es igual a usurpar y que no existe delito por no ajustarse al tipo penal, minimizando el hecho por tratarse de “un problema de derecho civil.” Rara interpretación legal por parte de un letrado, que un hecho no sea alcanzado por la legislación penal sino civil no lo convierte en lícito.
La propiedad privada es una garantía constitucional y su violación obliga al Poder Judicial a restituir el bien y sancionar a sus autores. Por otra parte el contenido político de su defensa también sería cuestionable, en primer lugar porque un dirigente social jamás debería apoyar actos que atenten el orden público, menos aun cuando la crisis por la pandemia parece estar en su punto máximo.
Agitar las aguas en un mar que ya se encuentra embravecido no solo es un peligro sanitario e institucional sino que poco ayuda a un gobierno que -a través del IFE- puso el eje de sus políticas públicas en contener al sector que él representa. Y en segundo, porque las tomas de terrenos y de casas de fin de semana tienen mayormente por victimas a la clase media, sector al que la crisis pegó de lleno y que no logra recuperarse al no haber obtenido la misma consideración estatal.
El gobierno no puede mantenerse inerme frente a estos hechos y debe garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales. Y Grabois debe rever su posición, ganarse la antipatía de la clase media es una pésima estrategia política en una sociedad polarizada como la argentina.
Cada elección es definida por los sectores medios, quienes mueven el péndulo del poder a uno u otro lado de la grieta y los estados de anarquía son proclives al surgimiento de liderazgos de extrema derecha, los que se hallan justo al frente de su posición ideológica y del partido gobernante.