POSICIÓN

Consejo Médico desaconseja el empleo del Ibuprofeno inhalatorio

“La utilización del medicamento para el tratamiento del Covid-19 es una hipótesis que ni siquiera se encuentra en fase de investigación preliminar”.

El Consejo Médico de Santiago del Estero, en forma conjunta con la Sociedad de Terapia Intensiva filial local, aseguraron que “el uso del Ibuprofeno inhalatorio, no resulta aconsejable promocionarlo como opción para el tratamiento contra el Covid-19, ya que se pueden generar falsas expectativas”, y recomendó no “adoptar medidas de gobierno para la salud pública que no estén debidamente avaladas por la evidencia científica”.

“No resulta aconsejable proponer el uso argumentando beneficios clínicos comprobados en pacientes. La seguridad científica exige, en base a los protocolos experimentales, descartar que las mejoras percibidas respondan a otras acciones médicas proporcionadas. Además, si no tenemos investigación experimental que aconseje su uso, tampoco tenemos la seguridad absoluta de la carencia de efectos indeseados a largo plazo”, indicaron los organismos médicos.

Uso compasivo

Pidieron a la comunidad médico-científica “evitar el uso compasivo de medicación que carece de autorización. Los únicos datos que tenemos en la actualidad son de publicaciones de interés general en diarios e internet, y por ende carecen de rigor experimental”. Firman el Dr. David Jarma, Dr. Enrique Agüero Villarreal, delegado regional de SATI, entre otros.

Se debe cumplir con las buenas prácticas

Los profesionales recordaron que la propuesta de esta terapéutica posee fecha de reciente ingreso (21/09/ 2020) a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su evaluación, y hasta ahora no se ha expedido.

“Las entidades cumplimos con nuestro deber ético y científico de ratificar que la investigación científica rigurosa es la herramienta más poderosa que posee la ciencia médica para avanzar en el mejoramiento de la calidad sanitaria y para poder hacer frente a la pandemia. Nuestro ordenamiento jurídico impone cumplir con los procedimientos de las buenas prácticas en investigación”, concluyen.


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