Solicitan la libertad para los presos por el desfalco a Rentas
La Fiscalía insiste en que podrían entorpecer el proceso y pidió la prisión preventiva. El juez dará a conocer su decisión mañana.
Tal como lo había anticipado EL LIBERAL en su edición del domingo, ayer se reanudó la audiencia para definir la suerte de los cuatro detenidos en el marco de la investigación por el presunto desfalco a la Dirección General de Rentas de la provincia y los abogados defensores de los tres sospechosos requirieron sendas excarcelaciones.
Hace una semana se había llevado a cabo la primera audiencia en la que el Dr. Miguel Torressi, fiscal a cargo de la investigación, había solicitado la prisión preventiva para los cuatro imputados en la causa, tres empleados de Rentas y una supuesta gestora.
El representante del Ministerio Público había argumentado la existencia de peligros procesales, al considerar que los acusados podían entorpecer el proceso si recuperaban la libertad.
Esa misma jornada, sólo una de las defensas Dra. Aída Farrán Serlé- requirió la excarcelación de su cliente, empleado de Rentas, al señalar que no estaba involucrado en la maniobra y no había elementos para sostener las acusaciones.
En idéntica sintonía, fueron las exposiciones ayer de los tres abogados defensores restantes, dos de los empleados del organismo provincial y el de la presunta gestora.
Los letrados requirieron las excarcelaciones al sostener que no existían peligros procesales para que continúen privados de la libertad y que en las pericias que restan producir, no podrían alterarlas.
Luego de la exposición de las partes, el juez de Control y Garantías que presidió la audiencia, Dr. Darío Alarcón, resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio para analizar minuciosamente todos los planteos.
La audiencia se reanudará mañana, para que el Dr. Alarcón de a conocer su resolución de forma oral, mientras que los fundamentos se darán a conocer más delante de forma escrita. Es decir, mañana se sabrá si los cuatro detenidos, acusados de “estafa”, en perjuicio de un particular, “defraudación”, en perjuicio del Estado provincial, y “falsificación de documento” en perjuicio de la República, recuperan la libertad o continúan detenidos con prisión preventiva.
Aguardan informes periciales para definir el alcance
La maniobra que fue denunciada ante la Justicia habría salido a la luz por un propio empleado de Rentas. Un particular denunciante se habría comunicado con un empleado y al presentarle un certificado de libre deuda de una propiedad, el empleado le comunicó que ese documento era apócrifo.
A partir de allí, el empleado que descubrió el certificado trucho, con la ayuda del particular habría comenzado a indagar sobre quiénes habían sido los compañeros que lo habían atendido y de esa forma, quedaron señalados los tres detenidos.
Lo llamativo de la maniobra es que el denunciante habría tenido una deuda de más de $200.000, pero había “accedido” a pagar sólo $80.000 a cambio del certificado.
Además, el particular habría recibido el documento en el exterior del edificio de la Dirección General de Rentas, por lo que los investigadores suponen que difícilmente podía desconocer que ese certificado tenía algunas irregularidades.
Aún restan incorporar informes de Delitos Económicos para determinar desde hace cuánto tiempo que los sospechosos podrían haber venido operando con esa metodología y el monto de dinero que pudieron haber obtenido a cambio de los certificados truchos que emitieron que “cobraron” por sumas menores a las adeudadas, generando un perjuicio al Estado provincial.