El Gobierno nacional eligió a un abogado de Cristina Kirchner para cubrir un tribunal clave

El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el pliego de Roberto Boico, quien fuera abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para que sea nombrado como integrante de la Cámara Federal porteña, un Tribunal clave que determina la suerte de los casos de corrupción.

Se trata del Tribunal en el que ocupan cargos provisorios los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Beruzzi, quienes quisieron ser desplazados por el oficialismo, y donde además días atrás el presidente Alberto Fernández firmó el regreso como magistrado del cuestionado Eduardo Farah.

En la actualizad, la Cámara, dividida en dos salas integrada por tres jueces cada una, está compuesta por Bruglia y Bertuzzi, quienes permanecerán en el cargo hasta tanto se designen titulares en concursos que están llevando adelante el Consejo de la Magistratura con interés del oficialismo en apurarlos.

Ambos jueces recalaron en la Cámara Federal mediante traslados avalados durante el macrismo, pero en la actualidad los mismos fueron cuestionados y la Corte Suprema de Justicia en un fallo dijo que deben permanecer en el cargo hasta tanto se designen a los jueces titulares.

También integran el Tribunal los jueces titulares Mariano Llorens y Martín Irurzun, este último presidente de la misma y enfrentado con el Gobierno nacional, sobre todo con Cristina Kirchner, por haber avalado muchas de las investigaciones por hechos de corrupción que la tienen como imputada.

"Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99 inciso 4 de la constitución Nacional, del vocal de la Cámara nacional de apelaciones en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, Sala II, doctor Roberto José Boico", reza el escrito presentado por el Poder Ejecutivo ante el Senado.

En la Cámara Federal porteña, la cual revisa todo lo actuado por los doce jueces federales de primera instancia de la Capital Federal, es donde se definen muchas de las investigaciones por hechos de corrupción, puesto que de confirmar las acusaciones abre la puerta al juicio oral y público.