Cosecha de $ 170.000.000 en soja, algodón y maíz acentúa la batalla por un campo en Pinto
La cosecha será depositada en silos, hasta tanto se establezca la propiedad del campo. Abogados bregan ahora ante los tribunales de Añatuya.
Tres cosechas por un valor cercano a los U $ S 800.000, es decir casi $ 170.000.000, enfrenta a un ganadero de Pinto (Aguirre) con un grupo empresario cordobés, y la Justicia acaba de refrendar una resolución que propicia su producción, pero exceptúa a ambas partes disponer de la misma.
En esencia, la batalla legal se sostiene hoy en 600 hectáreas de soja, 200 de maíz y otras 200 de algodón, cuya trilla fue paralizada el 14 de febrero pasado con una medida cautelar que dispuso el cese inmediato de producción y/o cualquier modificación registral.
En un bando se encuentra la firma Por Cad Agro SAS, representada por los abogados Víctor Nazar y Francisco Palau.
Enfrente, Vicente García, Matías García Crespi e Ignacio García. La razón de ser de múltiples escritos en los fueros Penal y Civil: un campo de 1.000 hectáreas valuado en más de U$S 5.000.000.
Decisión de la Cámara
El 3 de junio último, los vocales Gabriela Núñez de Cheble, Raúl Romero y Cristian Vittar terciaron en un capítulo más en la batalla de neta imprevisibilidad, mientras otros jueces investigan la propiedad genuina del campo.
En su resolución, el tribunal resolvió por unanimidad: “Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa (Nazar y Palau) de forma parcial y, en su mérito, disponer que la medida cautelar con prohibición de innovar, sea morigerada en relación a la cosecha para lo cual se deberá proceder a su levantamiento”.
El dilema se regía en una resolución judicial que paralizó la producción, iniciada entre noviembre y diciembre del 2021, sin que el curso de la naturaleza contemple o se adapte a cualquier coyuntura judicial. Con criterio diferente, el estudio García sugirió que un tercero llevase adelante la cosecha y fuese depositada en silos ubicados en una cerealera de Bandera, hasta tanto llegue una resolución contundente del fuero civil.
Enfrente, Nazar y Palau contragolpearon: “La inversión es de nuestro representado. Que nos dejen levantar la cosecha y la depositaremos en los silos de nuestra empresa”, afirmaron. En audiencia de la semana pasada, el alto cuerpo ha resuelto lo siguiente: que la producción sea levantada y “ guardada en silo bolsas, las que una vez controladas se mantendrán en el campo y su indisponibilidad, por el plazo de 90 días (es decir, hasta el 3 de septiembre). Ello bajo las debidas medidas que el a quo disponga para su debido resguardo y control”, clarificaron los vocales en su decisión. La resolución incluyó que “la medida cautelar queda limitada a la anotación de la litis”. Por lógica, los vocales establecieron que la resolución de la magistrada no se modifique en cuanto al espíritu registral. También, proveyeron “un plazo de 90 días de duración de la medida cautelar, hasta tanto se expida el fuero Civil y así evitar sentencia contradictoria”, enfatizaron.
Miles de dólares en maquinaria secuestrada
Contrarreloj, Nazar y Palau presentaron ayer en la OGA de Añatuya un pronto despacho. En él, solicitaron que la Justicia local arbitre los medios para que se dé cumplimiento a lo ordenado por la Cámara, léase les sean reintegrados vehículos y maquinarias: una tolva, una trilladora, dos tractores, una ensiladora, dos camiones, tanques de agua y otras maquinarias.
El equipamiento representa miles de dólares en estructura paralizada y el pleito se potenciaría, ya que ninguna de las partes cederá posiciones. El objetivo de la firma cordobesa es ingresar al campo a levantar la cosecha y colocarla en los silos, sin exponerse a incurrir en desobediencia ante los tribunales locales.