Quince testigos clave reactivan el juicio por la millonaria estafa al Pami con insulinas
En el banquillo de acusados se encuentran 14 personas, entre farmacéuticos, directores y empleados de farmacia. El juicio terminaría entre agosto y septiembre. Audiencias, mañana y tarde.
Con testimonios de 15 testigos, la Justicia Federal recreará mañana los procedimientos dispuestos en Santiago del Estero y Córdoba, al salir a la luz el escándalo por el negocio millonario con la venta de insulina gratuita a pacientes diabéticos del Pami.
En el banquillo se encuentran Teresa Acosta, Edgardo Rafael Alegre, Ricardo Rodolfo Cardozo, Juan Pablo Córdoba, Gattoni Dalma Daiana Díaz, Cristian Fernando Leyría, María de los Ángeles Luna, María Florencia Montes, Augusto Javier Petros, Miguel Ariel Rago, Walter Eduardo Rago, Juan José Sánchez, Nelson Enrique Villalba y Hugo Daniel García.
En doble turno, los testigos declararán el martes, miércoles y jueves, sobre los allanamientos realizados en ambas provincias por decisión del juez Federal, Guillermo Molinari.
Objeciones de la defensa
Vale subrayar que algunos abogados defensores, como Lucas Vieyra Ortiz y Rodrigo Dalmiro Cruz, hicieron reservas en pedidos de "nulidades", "requisitoria de elevación a juicio" y/o "periciales" en la documentación.
Todos los imputados son empresarios, farmacéuticos, directores y empleados de farmacia. Solo uno residía en Córdoba, Cristian Fernando Leyría, y se perfila como uno de los más complicados, ya que al ser allanada su propiedad le habrían incautado numerosos troqueles.
Leyría cayó detenido el 21 de julio del 2016. Es considerado el "cerebro" de la organización y el nexo con otras similares dedicadas a defraudar al Pami de Santiago del Estero, mediante la utilización de recetarios y de troqueles falsificados. Le incautaron planchas y troqueles de medicamentos presuntamente falsificados.
Lo sustancioso
En las primeras jornadas, las partes debatieron sobre la denuncia presentada en el 2016; mecánica de las maniobras; los detalles técnicos de las recetas-troqueles que luego devinieron en una defraudación estimada en $ 20.000.000, en perjuicio del Pami.
Puesto en contexto, la maniobra que se imputa al conjunto es insertar datos falsos de personas como "terceros intervinientes", firmas y/o sellos apócrifos de médicos, y en adjuntar troqueles falsos de los productos de insulina y/o tiras reactivas en recetas de la obra social nacional, lo cual les permitió alzarse con jugosas ganancias.
Un funcionario fue gráfico: hubo casos de afiliados muertos disfrazados de "activos". Los sospechosos habituaban confeccionar una historia clínica apócrifa para hacerlos pasar como "activos" y se les proveía a través de farmacias, unidades de tiras reactivas para detectar la glucosa en sangre.
Abrupta caída en facturación al estallar el escándalo
A escasos dos meses de haber sido ventilado el escándalo, una auditoría desnudó la abrupta caída en la facturación mensual de las farmacias a la obra social de los jubilados y pensionados, en concepto de insulina y tiras reactivas para pacientes insulinodependientes.
El informe fue elaborado por firma Farmalink, que trabaja con la industria farmacéutica argentina en la administración y auditoría de convenios de prestaciones de medicamentos ambulatorios para agentes del seguro de salud (obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.) en todo el país.
Los números hablan
Según el documento, entre marzo y junio del año 2016, la facturación de las farmacias en la mira bordeó $ 10,6 millones, es decir con un promedio de 3,5 millones al mes. Antes de arrancar la investigación, la facturación mensual era de $ 19,2.
Vale subrayar que Farmalink radicó 54 denuncias ante el juez Federal (Buenos Aires), Sebastián Casanello, por presuntas facturaciones anormales en todo el país. Del total de las denuncias, 18 eran referidas a Santiago del Estero.