Rompen el silencio policía y su hermano cadete por el "homicidio" de "Chuna" Barraza, en el Bº Siglo XXI
Son juzgados por el "homicidio" del adolescente, en la madrugada del 31 de julio del 2022. En el banquillo, dos policías más. El peor escenario para el autor material del disparo, prisión perpetua. JUICIO "Homicidio agravado" versus "homicidio simple", lo medular del debate oral y público
Los hermanos David Enrique y Diego Sebastián Arévalo declararán hoy en juicio y ofrecerán su versión de por qué la madrugada del 31 de julio del 2022, Roque Jesús "Chuna" Barraza fue asesinado de un tiro en la cabeza con el arma reglamentaria de la policía.
Abstrayéndose del desenlace, los dos hermanos procurarán convencer al tribunal que solo debieron defenderse de la agresión de una "patota" juvenil.
En esencia, David Enrique Arévalo, policía, enfrenta cargos por "homicidio agravado…", reprimido con prisión perpetua. En tanto, Diego Sebastián Arévalo es acusado por "homicidio agravado en grado de partícipe necesario por inducción…", según el criterio del equipo que comanda la fiscal Celia Mussi.
En un plano no tan secundario, también son juzgados los policías Gabriel Fernando Herrera y Hugo Ariel Coiman, imputados por "encubrimiento por omisión agravado por ser funcionarios públicos".
En la jornada anterior, la defensa de Coiman instó a la imputación de un testigo por "falso testimonio", al sostener que no había relación entre su declaración policial y ahora en juicio.
Con dos posiciones diametralmente opuestas, Fiscalía y defensa pulen sus estrategias, con vistas ya a los alegatos, previstos para el 7 de septiembre. Mussi intenta acreditar que la conducta de los Arévalo distó mucho de la labor de funcionarios. Acusará a Diego de generar el escándalo; convencer a su hermano de recurrir a la pistola para doblegar la ira de al menos 15 jóvenes que le apedrearon la casa, aquel amanecer.
A su vez, la defensa de los Arévalo destinaría sus energías en planes A, B y C. Rescatar al policía de la perpetua. Establecer que su conducta no fue la de un policía, sino un joven en riesgo e instaría a acusarlo por "homicidio simple", con una mínima de 8 y máxima de 25. No obstante, juzgaría que David Enrique quizá incurrió en "legítima", o a lo sumo "exceso en legítima defensa", siempre bien lejos de la temida perpetua.
Por su parte, los abogados de Herrera y Coiman subrayarían que sus clientes fueron ajenos al enfrentamiento fatídico.