El Gobierno refuerza el control sobre las tarifas para contener la inflación
Tras levantar el cepo cambiario y abandonar la devaluación mensual del 1%, el Gobierno dejó de lado el ancla cambiaria que había utilizado durante el primer año de gestión para moderar la inflación
Tras levantar el cepo cambiario y abandonar la devaluación mensual del 1%, el Gobierno dejó de lado el ancla cambiaria que había utilizado durante el primer año de gestión para moderar la inflación. En su lugar, comenzó a recurrir a un nuevo instrumento: el control sobre las tarifas de servicios públicos y precios regulados.
La nueva política cambiaria se enmarca dentro del acuerdo con el FMI, e implica un régimen de flotación administrada con bandas: el dólar podrá moverse entre los $1000 y $1400, un margen del 40% que se ampliará progresivamente. Sin embargo, al desaparecer el ancla cambiaria, el Ejecutivo busca otras herramientas para sostener la desaceleración de precios, sobre todo con el objetivo de llegar con baja inflación a las elecciones legislativas de 2025.
En la última semana, se anunciaron varias medidas en esa dirección: se limitaron los aumentos en las tarifas de electricidad y gas al 3%, se suspendió la actualización de mayo del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), y se presionó a YPF para que traslade a los surtidores la baja del precio internacional del petróleo. También se decidió congelar el boleto de colectivo en líneas nacionales y se avanzaron negociaciones con las prepagas para moderar el alza de las cuotas.
"El Gobierno siempre juega entre la necesidad fiscal y el impacto inflacionario", explicó Camilo Tiscornia, economista de C&T Asesores. "Bajar subsidios favorece el ajuste fiscal, pero implica aumentos de tarifas que golpean al consumidor y aceleran la inflación. Como hoy gran parte de los costos ya están cubiertos por lo que pagan los usuarios, el Gobierno regula el ritmo de los aumentos".
El dato de inflación de marzo, que marcó un 3,7%, encendió alarmas por ser el nivel más alto desde agosto del año pasado. En ese contexto, la liberación del cepo generaba riesgos de traslado a precios. Para amortiguarlos, la administración libertaria puso en práctica una combinación de medidas tradicionales y heterodoxas.
"El tipo de cambio flotante busca disciplinar a los empresarios, poco acostumbrados a la volatilidad del dólar oficial. No se puede remarcar cada vez que sube o baja el tipo de cambio", analizó la consultora Econviews. En paralelo, criticaron el endurecimiento discursivo contra empresas que enviaron listas con aumentos, una actitud más propia del kirchnerismo, advirtieron.
Para Melisa Sala, directora ejecutiva de LCG, "no está mal que el Gobierno combine herramientas heterodoxas con otras más ortodoxas, como el compromiso con el superávit fiscal". Según sus cálculos, el paquete de medidas anunciadas podría restar hasta 0,3 puntos porcentuales a la inflación de mayo.
Entre las medidas futuras, los analistas destacan que el Gobierno podría profundizar la apertura de importaciones, como ya lo hizo en 2024 con alimentos y bienes específicos, para introducir competencia y contener precios. Aunque esta estrategia tiene límites: "Los servicios no se pueden importar, y una apertura indiscriminada puede perjudicar a sectores sensibles, sobre todo con un tipo de cambio todavía apreciado", alertaron desde Econviews.
Así, mientras el dólar flota, las tarifas quedan bajo control. El ancla cambiaria fue reemplazada por una ancla tarifaria que, aunque menos ortodoxa, busca el mismo objetivo: bajar la inflación.