Diputados presentan ley para proteger a compradores de viviendas en construcción
La iniciativa está inspirada en marcos normativos de países como España, México y Estados Unidos, complementa la Ley de Defensa del Consumidor.
El diputado nacional Oscar Agost Carreño, integrante del bloque Encuentro Federal, presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen específico de protección para los compradores de inmuebles "en pozo", una modalidad cada vez más utilizada en el mercado inmobiliario argentino, pero que conlleva serios riesgos ante la falta de regulación clara.
La iniciativa, inspirada en marcos normativos de países como España, México y Estados Unidos, complementa la Ley de Defensa del Consumidor. Apunta a garantizar mayor transparencia, seguridad jurídica y responsabilidad por parte de los desarrolladores inmobiliarios, mediante mecanismos de control y sanciones efectivas en caso de incumplimientos.
Principales ejes del proyecto
Entre sus puntos destacados, la propuesta establece que los fondos aportados por los compradores solo podrán ser destinados a la obra comprometida, impidiendo su uso para otros fines. Además, obliga a los desarrolladores a presentar balances anuales auditados por profesionales matriculados y a entregar informes trimestrales a los compradores con el detalle del avance de obra, plazos de entrega y posibles demoras.
Uno de los pilares de la normativa es la creación de un Fondo de Garantía, equivalente al total de los anticipos recibidos, que funcionará como un seguro de caución para garantizar la devolución del dinero en caso de incumplimientos en la entrega de las unidades.
El proyecto también plantea la creación de un Registro Nacional de Desarrolladores Inmobiliarios, de inscripción obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas que desarrollen este tipo de emprendimientos.
En cuanto a las penalidades, propone una multa diaria del 0,1% del valor del contrato por demoras injustificadas en la entrega, con un tope del 10% del monto total. Además, incluye sanciones penales más severas por estafa mediante engaño o abuso de confianza, con penas de 2 a 8 años de prisión.
"No se trata de demonizar, sino de regular"
En los fundamentos del proyecto, Agost Carreño subraya que "la falta de regulación específica ha permitido que desarrolladores inescrupulosos operen sin controles adecuados, poniendo en riesgo los ahorros y el bienestar de miles de familias".
El diputado mencionó el caso de la empresa Márquez & Asociados, que dejó a más de 4.000 familias afectadas. "Ese hecho mostró cuán grave puede ser operar sin reglas claras. No se trata de demonizar esta modalidad, que en muchos casos permite a los argentinos acceder a una vivienda o invertir sus ahorros, sino de dotarla de un marco que brinde seguridad y previsibilidad", afirmó.
"No se trata de regular por regular", agregó, "sino de establecer un sistema que proteja a los consumidores y al mismo tiempo distinga al buen desarrollador, que actúa con seriedad y responsabilidad".
Agost Carreño concluyó que su propuesta busca evitar nuevos casos de estafa y dar tranquilidad a las miles de familias que optan por comprar "en pozo" como una forma de alcanzar la casa propia o resguardar sus ahorros.