El empresario imputado por delitos sexuales pidió cautelares para frenar la difusión: qué puede ordenar un juez y qué no
Por Jorge Monastersky
En una causa penal de extrema gravedad, donde se investigan presuntos delitos sexuales contra menores, la defensa de Marcelo Porcel, el padre del colegio Palermo Chico imputado, recurrió a una estrategia judicial que reavivó un debate sensible, pero necesario: hasta dónde puede llegar la Justicia para limitar la difusión periodística de un caso y cuál es el equilibrio entre el derecho a la información, el interés público y la protección de los menores.
Según trascendió, el empresario acusado promovió múltiples pedidos de medidas cautelares contra medios de comunicación, y al menos tres habrían tenido algún tipo de acogida inicial. Ese dato, por sí solo, genera confusión en la opinión pública y exige una explicación clara desde el punto de vista jurídico.
Proteger a los menores no es censurar la información
Lo primero que debe decirse con absoluta claridad es que la protección de niños, niñas y adolescentes no está en discusión. En causas por delitos sexuales, el derecho argentino impone un deber reforzado de resguardar su identidad, su intimidad y su integridad psíquica. No pueden difundirse nombres, imágenes, datos familiares, escolares o cualquier información que permita identificarlos directa o indirectamente. Evitar la revictimización no es una opción: es una obligación legal y constitucional.
Ahora bien, proteger a los menores no equivale a impedir que la sociedad conozca la existencia y el avance de una causa penal de interés público. Esa distinción es central y muchas veces se diluye en el debate.
Ahora bien, proteger a los menores no equivale a impedir que la sociedad conozca la existencia y el avance de una causa penal de interés público. Esa distinción es central y muchas veces se diluye en el debate.
En nuestro sistema jurídico rige un principio básico: no existe censura previa. Los jueces no pueden, como regla general, prohibir anticipadamente que los medios informen, opinen o publiquen sobre hechos relevantes para la comunidad. El modelo constitucional es otro: la responsabilidad es siempre ulterior. Si un medio se excede, vulnera derechos o difunde información prohibida, la respuesta del Derecho llega después, a través de las vías judiciales correspondientes.
El expediente penal y el secreto de sumario
Otro punto que suele generar confusión es el funcionamiento del expediente penal. Los expedientes son públicos para las partes —imputado, defensa, fiscalía y querella— y no para terceros. Cuando un juez dispone el secreto de sumario, esa reserva se intensifica y obliga a quienes acceden legítimamente al expediente a no divulgar su contenido.
Pero este dato es clave: el secreto de sumario no habilita a imponer un bozal general a la prensa. Es una regla de funcionamiento del proceso, no una herramienta para silenciar el debate público. Si hay filtraciones indebidas, el problema jurídico está en la violación del deber de reserva por parte de quien estaba obligado a guardarlo. El remedio es investigar esa filtración, no prohibir preventivamente que se informe sobre el caso.
Presunción de inocencia y debido proceso
A todo este análisis debe sumarse un principio que nunca puede perderse de vista: la presunción de inocencia. Independientemente de la gravedad de los hechos investigados, toda persona imputada conserva su condición de inocente mientras no exista una condena firme. Ese principio es una garantía constitucional básica y forma parte del debido proceso legal.
Ahora bien, la presunción de inocencia no es un concepto estático. Desde el punto de vista jurídico, su peso y su alcance se van modificando a medida que avanza la investigación. No es lo mismo una imputación inicial que un procesamiento, un procesamiento confirmado por una cámara, la elevación a juicio oral, una condena en primera instancia o una condena confirmada. Cada etapa incorpora mayores estándares de verosimilitud y control judicial.
Sin embargo, la presunción de inocencia solo se rompe de manera definitiva con una condena firme. Hasta ese momento, debe ser respetada, garantizada y compatible con el derecho de la sociedad a estar informada. Informar no es condenar; investigar no es prejuzgar.
Qué cautelares son razonables y cuáles no
Desde el punto de vista jurídico, no todas las medidas cautelares tienen la misma legitimidad.
Son razonables y constitucionalmente defendibles aquellas que protegen la identidad y la intimidad de los menores, impiden su exposición mediática y resguardan datos sensibles concretos.
En cambio, las cautelares que buscan impedir la difusión del caso, limitar la cobertura periodística o condicionar el debate público en general presentan serias objeciones constitucionales. Ese tipo de medidas se acerca peligrosamente a la censura previa, algo que el sistema jurídico argentino rechaza de manera categórica.
Las investigaciones penales por delitos sexuales contra menores, especialmente cuando existen múltiples denuncias y hechos reiterados, trascienden la esfera privada del imputado. Hay un interés público evidente en conocer cómo actúa la Justicia, cómo avanza la causa y qué decisiones se adoptan. Ese interés no habilita el morbo ni la exposición de víctimas, pero sí justifica la información responsable.
Un equilibrio indispensable
El estándar correcto no es elegir entre derechos. Es armonizarlos. Proteger de manera estricta a los menores, respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, y garantizar al mismo tiempo la libertad de prensa y el derecho a la información.
Las medidas cautelares pueden ser una herramienta válida si son precisas, proporcionales y temporales. Cuando se transforman en un bozal amplio, dejan de proteger derechos y pasan a comprometer garantías esenciales del sistema democrático.