El Gobierno aplica recursos por etapas y prepara ajustes a la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Poder Ejecutivo aseguró que está cumpliendo con los mínimos requisitos de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque lo hace de forma gradual, y anticipó que buscará ajustes normativos para moderar su impacto fiscal en el Presupuesto nacional.
La norma, que fue sancionada por el Congreso y promulgada tras el rechazo de un veto presidencial, establece medidas para reforzar los derechos y prestaciones sociales de las personas con discapacidad. Sin embargo, el Gobierno afirmó que su aplicación completa, tal como fue concebida, podría generar un desequilibrio en las cuentas públicas, por lo que está transfiriendo recursos de forma progresiva para evitar sanciones judiciales.
Según fuentes oficiales, el Ejecutivo está otorgando mensualmente los fondos mínimos previstos por la legislación para cumplir con lo que exige el texto y responder a las intimaciones de la Justicia, que marcó fechas clave para la puesta en marcha de la norma. No obstante, desde Casa Rosada sostienen que no tienen previsto incorporar en bloque la totalidad del gasto estimado para 2026 dentro de la asignación presupuestaria actual.
Especialistas en economía y presupuesto han estimado que la implementación completa de la ley podría representar entre 0,28?% y 0,51?% del Producto Interno Bruto anual, una cifra que desde el Ejecutivo consideran difícil de sostener sin generar un déficit mayor en las arcas públicas.
Con vistas a la próxima sesión ordinaria del Congreso en marzo, el Gobierno ya trabaja en una iniciativa para reformular ciertos aspectos de la ley, con la intención de darle mayor sostenibilidad financiera. Entre las ideas en discusión figura la posibilidad de vincular la pensión no contributiva por discapacidad a parámetros previsionales, estableciendo, por ejemplo, que quede atada a un porcentaje del haber mínimo jubilatorio y sea compatible con el trabajo formal si los ingresos no superan un tope definido.
Además, se contempla la introducción de actualizaciones automáticas de aranceles de servicios vinculados a discapacidad —como salud y prestaciones— en función de índices inflacionarios si no hay definiciones claras previas.
La estrategia oficial también incluye negociar con sectores aliados en el Parlamento para conseguir los votos necesarios y lograr que los cambios propuestos sean aprobados. Según voceros del oficialismo, parte de esa discusión podría alinearse con otros debates sobre reformas tributarias o laborales.
Organizaciones sociales y asociaciones vinculadas a la discapacidad han observado con atención estas definiciones, ya que la ley fue impulsada por amplios sectores de la sociedad para garantizar derechos y prestaciones que, según sostienen, no estaban adecuadamente cubiertos. La discusión política y fiscal continuará en las próximas semanas con miras a la apertura de sesiones ordinarias.