El Gobierno cedió y aceptó cambios en el proyecto de reforma laboral

El Gobierno aceptó cambios en el proyecto de reforma laboral antes del debate previsto este miércoles de la reforma laboral y validó los cambios que negoció Patricia Bullrich, jefa del bloque libertarios en el Senado, con la oposición dialoguista. Es decir, quitará de la letra chica el artículo que rebaja el impuesto a las ganancias para las empresas en un 3%.

De esta manera, la Casa Rosada estima que tendrá el apoyo de los gobernadores, que habían objetado el punto por su impacto en la coparticipación.

Así se lo confirmó una fuente que integra la mesa de negociación, que explicó que "se validó todo" y que las modificaciones respecto del proyecto original "son 28?, pero evitó dar precisiones sobre cuáles serían exactamente esos puntos.

Patricia Bullrich, jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, precisó los retoques, que en algunos casos irán solo por la redacción del proyecto. Por ejemplo, en lo referido a la justicia laboral se quiatará la denominación "industria del juicio".

Esto - continuó Bullrich - permitió un "acuerdo" para tratar mañana la "primera ley laboral de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales".

"Tiene 28 modificaciones consensuadas y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo", dijo sobre el entendimiento con distintos partidos como "la UCR, el PRO y partidos provinciales".

En conferencia de prensa, agregó que "desde el principio de la democracia que la Argentina viene trabajando en la posibilidad de adecuar sus normas laborales a los distintos cambios que ha tenido el país y el mercado laboral".

El texto definitivo de la reforma permanece bajo estricto hermetismo para evitar nuevas presiones sectoriales en la antesala de la votación. 

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado: trabajan para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados.

En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.

En ese mismo clima de pragmatismo que atravesó la negociación con las provincias, el Gobierno también avanzó en un esquema de diálogo subterráneo con la CGT que derivó en cambios concretos sobre el proyecto. Pese al tono confrontativo del discurso oficial, también se habrían hecho modificaciones para facilitar el entendimiento con la central obrera, del mismo modo que se hizo frente a los gobernadores.

Entre los puntos ajustados, estarían, entre otros, los artículos que impactaban de manera directa en las cuentas de las obras sociales sindicales y en el listado de actividades consideradas esenciales, que afecta el ejercicio del derecho de huelga ya que obliga a garantizar el 75% de prestación. En el oficialismo ven con buenos ojos que la CGT haya optado por convocar solo a una movilización y no a un paro general, lo que contribuyó a despejar el frente sindical en la antesala de la votación decisiva.