Detienen a un camionero santiagueño, acusado de distribuir fuertes imágenes de pornografía infantil

Un camionero, residente en el Bº San Carlos de la ciudad de La Banda, fue detenido en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, la cual es instruida por la Dra. María Alicia Falcione, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Banda.

El nuevo caso de pornografía infantil se descubrió a raíz de un reporte generado desde Estados Unidos, donde se detectó la circulación de archivos —fotografías y videos— con alto contenido sexual infantil.

Tras un minucioso trabajo de análisis técnico que se extendió durante varios meses, las autoridades internacionales lograron determinar que la conexión involucrada provenía de la Argentina. Posteriormente, mediante nuevos peritajes y cruces de datos —ya en Buenos Aires—se estableció que el origen estaba en nuestra provincia, más precisamente en La Banda.

La información fue canalizada a través del sistema "I-24/7 NETMEC", una red internacional de comunicación policial segura y en tiempo real que permite el intercambio inmediato de datos entre fuerzas de distintos países para combatir delitos complejos y transnacionales, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Ya con la información consolidada, la Fiscalía —que cuenta con un representante local de la red 24-7— profundizó el análisis y encomendó las averiguaciones del caso al Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos.

El trabajo minucioso de los investigadores permitió individualizar al sospechoso —de apellido De Marco—identificar el domicilio, ubicado en el barrio San Carlos, desde donde presuntamente se distribuía el material.

Con toda la información recolectada por los investigadores, la Dra. Falcione solicitó a la jueza de Control y Garantías —Dra. Roxana Menini— una orden de allanamiento en el marco de una causa por el delito de tenencia y distribución de pornografía infantil.

Ya con la autorización judicial en mano, ayer cerca de las 7.30 de la mañana personal de Trata de Personas y Delitos Conexos irrumpió en una casa ubicada en el barrio San Carlos. Allí se detuvo al acusado (55), de profesión camionero, quien reside junto a su esposa y sus hijos de 13 y 20 años.

Además se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos. La investigación se encuentra bajo estricta reserva debido a la extrema sensibilidad de los hechos y a la necesidad de preservar la integridad de posibles víctimas.

Según la información a la que pudo acceder EL LIBERAL, De Marco está acusado de integrar un grupo de Facebook —en el que existen más de miles de miembros— que cuenta con la participación de personas de diferentes países.

Pese a la reserva del caso, se supo además que los miembros además de "subir" imágenes —que podrían haberse fabricado también en La Banda y es material de análisis— y compartirlas. El denominador común: las víctimas eras todos menores de edad.

La causa está tipificada por los delitos de tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, figuras contempladas en el artículo 128 del Código Penal Argentino, que prevé severas penas para quienes almacenen, compartan o comercialicen este tipo de contenidos.

Fuentes judiciales señalaron que el procedimiento forma parte de la "Operación Silencio Cero" una iniciativa que busca desarticular redes de circulación de material ilegal y reforzar los mecanismos de prevención en entornos digitales.

Las tareas investigativas continúan, con análisis forense de la evidencia secuestrada y la posible identificación de otras personas vinculadas a la red de distribución. Desde la Fiscalía remarcaron que este tipo de delitos constituye una de las formas más graves de violencia contra las infancias, al vulnerar de manera directa sus derechos fundamentales y perpetuar situaciones de explotación.

El delito y las penas previstas en el Código Penal Argentino

El artículo 128 del Código Penal Argentino sanciona la tenencia, distribución, facilitación, comercialización y producción de material de abuso sexual infantil.

La simple tenencia de este tipo de archivos ya constituye delito y puede acarrear penas de prisión. Las escalas penales se agravan cuando existe distribución, comercialización o producción del material.

La normativa busca desalentar no solo la generación de estos contenidos sino también su circulación, entendiendo que cada descarga o intercambio perpetúa el daño hacia las víctimas.

Desde el ámbito judicial subrayan que el consumo de este material no es un hecho aislado ni privado, sino parte de una cadena de explotación que sostiene redes delictivas y profundiza la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Otros casos en menos de un mes: Quimilí y Figueroa

Los operativos por los delitos vinculados a la pornografía infantil lamentablemente se volvieron comunes en la provincia. Al menos tres semanas atrás la policía realizó dos allanamientos por causas similares, detectadas a nivel internacional.

Bajo la instrucción de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual de ciudad Capital —a cargo de las fiscales Vanina Aguilera y Erika Leguizamón— en el interior del departamento Figueroa y en la ciudad de Quimilí, se apresaron a dos sujetos vinculados con hechos similares.

Ambos hechos fueron detectados a nivel internacional. En Quimilí se detuvo a Santiago Carrión, acusado de distribuir al menos tres videos con abusos sexuales a través de grupos de mensajería digital, uno de ellos con una víctima de 13 años. Éste —según la investigación— intercambiaba material ilícito desde su teléfono celular.

De manera paralela, en el departamento de Figueroa, la Justicia vinculó a un profesor identificado como Rodolfo Javier Montenegro con la descarga, almacenamiento y difusión de múltiples archivos con representación de abusos sexuales a menores de edad, algunos almacenados incluso en servicios de nube como Google Drive. En ambos casos, los imputados permanecen tras las rejas.

¿Cómo se detectan estas redes internacionales?

La investigación que derivó en la detención del sospechoso en La Banda comenzó con una alerta generada en Estados Unidos, donde sistemas especializados monitorean el intercambio de archivos vinculados a material de abuso sexual infantil.

Cuando se detecta una dirección IP sospechosa, se activa un protocolo de análisis técnico que permite rastrear su origen geográfico. Si se determina que pertenece a otro país, la información es canalizada a través de redes internacionales de cooperación policial, como el sistema I-24/7 NETMEC.

En la Argentina, la información es recibida por autoridades federales y luego derivada a las jurisdicciones correspondientes. A nivel provincial, fiscales especializados trabajan junto a áreas técnicas y divisiones específicas —como Trata de Personas y Delitos Conexos— para identificar al usuario detrás de la conexión y reunir pruebas que permitan solicitar allanamientos y detenciones.

Se trata de investigaciones complejas que pueden extenderse durante meses y que requieren peritajes digitales, preservación de evidencia informática y coordinación internacional permanente.