El Senado dio media sanción a la reforma laboral de Milei, que pasó a Diputados

El Senado aprobó esta madrugada tras más de 14 horas de sesión y con el apoyo del oficialismo y de bloques aliados, el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una de las principales iniciativas que planteó el oficialismo para apuntalar la creación de empleo.

La Libertad Avanza armó un acuerdo con el radicalismo y el PRO, y bloques provinciales que le permitieron alcanzar 42 votos a favor, contra 30 negativos, y 0 abstenciones.

El acuerdo lo terminó de enhebrar anoche la jefa de LLA, Patricia Bullrich, con los bloques dialoguistas mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hizo lo propio con gobernadores aliados.

Para alcanzar el acuerdo, el Gobierno cedió a las presiones de los gobernadores para eliminar la rebaja de ganancias y de la CGT para no afectar su sistema de financiamiento de los gremios y las obras sociales.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y fija límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

El debate fue abierto por el senador libertario Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador "se ponga de acuerdo con el empleador". Y dijo que mejora una legislación "pensada para una realidad de hace 50 años".

Afirmó que esta propuesta busca solucionar el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales.

El senador opositor Mariano Recalde (UxP) indicó que esta norma "no está pensada para generar trabajo" y que "no es la primera que se hace en 50 años"; asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que "todos se quieren ir 14 días".

Desde la UCR, la senadora radical Carolina Losada destacó que con la ley de modernización laboral "va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones".

A lo largo del debate, uno de los puntos más objetados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1 % de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.

El cierre del debate estuvo a cargo de la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, que en primer lugar, cuestionó el entramado de normas obsoletas, que dificultan la generación de trabajo. "Venimos a simplificar, la simplificación es transparencia, por fin hoy frente a la Nación argentina, nuestro Presidente ha enviado al Parlamento una ley que está a la altura del país que estamos construyendo, un país de futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos van a poder vivir en un país con posibilidades".

Agregó: "Estamos trayendo soluciones reales, concretas, que se explican en cada uno de los artículos de esta ley, que viene a generar trabajo", aseguró para luego dar paso a la votación en general donde se impuso el oficialismo con el acompañamiento de bloques aliados, para luego votar por capítulos en los que se introdujeron algunos cambios.

Los nueve puntos clave que encierra la iniciativa del oficialismo

El Gobierno nacional dispuso el primer paso concreto en una reforma integral del sistema de relaciones laborales, con la aprobación en general en el Senado del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

Los puntos centrales y de mayor impacto:

1. Regreso de los tickets canasta: se habilitan los vales alimentarios como beneficios no remunerativos, sin aportes previsionales ni incidencia en aguinaldo o indemnización. El Gobierno sostiene que el esquema, actualizado y transparente, puede incentivar el consumo y reducir costos laborales, mientras que los gremios advierten sobre una posible desalarización encubierta.

2. Límites a la actividad gremial: se regulan de manera estricta las asambleas sindicales, que deberán contar con autorización previa del empleador y no afectar la actividad de la empresa. Además, el trabajador no cobrará salario durante el tiempo que dure la asamblea.

3. Restricciones a medidas de fuerza: el texto endurece las sanciones contra bloqueos y acciones que impidan el ingreso o egreso de personas y bienes en los establecimientos. También prohíbe expresamente cualquier forma de intimidación hacia quienes no adhieran a una huelga.

4. Fin de la ultraactividad de los convenios: se elimina el principio que mantiene vigentes los Convenios Colectivos de Trabajo una vez vencidos. De aprobarse, los gremios deberán renegociar los CCT antes de una fecha límite o perderán lo acordado, quedando bajo la normativa general.

5. Vacaciones fragmentadas: la iniciativa habilita dividir vacaciones en períodos mínimos de una semana. El Gobierno argumenta que permitirá mayor flexibilidad organizativa, especialmente en actividades con fuerte estacionalidad.

6. Período de prueba más extenso: el plazo va de 3 a 6 meses para la mayoría de los trabajadores y se extiende a 8 meses en el sector agrario. En ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización ni causa.

7. Indemnizaciones y condenas en cuotas: se crea el Fondo de Asistencia Laboral. Solo cubre a trabajadores registrados con 12 meses de antelación al despido. Se autoriza el pago de indemnizaciones por despido y condenas laborales en hasta 12 cuotas mensuales, sin necesidad de acuerdo con el trabajador. Para micro y pequeñas empresas, el esquema podrá extenderse hasta 18 cuotas.

8. Topes en el cálculo indemnizatorio: el proyecto fija un límite de 10 años de antigüedad para calcular la indemnización y reemplaza la mejor remuneración del último año por un salario promedio. En un contexto inflacionario, los sindicatos advierten que el mecanismo reduce el monto final.

9. Licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo: reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia. "En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud por un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, ó 6 meses si las tuviera. La recidiva - reaparición de una enfermedad tiempo después de padecida- de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los 2 años", señala el artículo 208.

"Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de tal remuneración", indica.

José Neder: "Esto es en contra del trabajador"

"Comparto en que es necesario modernizar las leyes, pero con dignidad para los trabajadores y generación de empleo, no para destruir derechos y facilitar despidos, en esta Argentina de hoy donde pareciera que no tiene en cuenta que están cerrando un promedio de 30 a 40 empresas diarias, con 500 trabajadores por día que se están quedando afuera del sistema", dijo el senador santiagueño José Neder.

"Ahora traen esta ley presentándola como salvadora de un modelo económico que ha perdido el rumbo, porque cada 3 o 4 meses nos ponen en un escenario de nuevos parámetros dado que lo que plantearon antes se cayó. Esta ley no tiene nada que ver con la recuperación de la productividad nacional, todo está diseñado en contra de los trabajadores", indicó.