El Gobierno incluirá un nuevo esquema de financiamiento universitario en sesiones extraordinarias
La Casa Rosada prepara el envío de una iniciativa para modificar el actual sistema de recursos a las universidades públicas, que podría debatirse antes del cierre de las extraordinarias en el Congreso.
El Poder Ejecutivo nacional oficializó su intención de remitir al Órgano Legislativo un proyecto de ley para revisar el financiamiento universitario, con el objetivo de atender las demandas de las casas de estudio y dar mayor certidumbre al sostenimiento del sistema público de educación superior. Esta presentación se sumaría al temario de las sesiones extraordinarias, cuyo plazo se extendería hasta el 28 de febrero, según lo dispuesto en un decreto que será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.
La decisión del Gobierno se da en un contexto de tensiones con las universidades públicas por el reclamo de mayores partidas presupuestarias y recomposición salarial para docentes y no docentes, y tras la apelación por parte del Ejecutivo de una medida judicial que ordenaba aplicar la normativa vigente. En ese marco, la nueva iniciativa busca modificar el actual esquema legal, ajustándolo a las prioridades del Ejecutivo sin eliminar totalmente la estructura anterior.
Para avanzar en la redacción del proyecto, funcionarios del presidente Javier Milei dialogaron con representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con la intención de lograr consensos que permitan una aprobación más fluida en el Parlamento. Desde el Gobierno aseguran que la propuesta buscará equilibrar sostenibilidad fiscal con una respuesta a las demandas del sector universitario.
La estrategia oficial incluye incorporar este proyecto durante las sesiones extraordinarias que se encuentran en curso, ampliando el temario y prolongando su vigencia hasta antes del inicio del período ordinario de sesiones, previsto para el 1° de marzo. Esto permitiría que el Congreso trate el nuevo esquema de financiamiento junto con otras iniciativas de la agenda oficial.
El tema genera debate entre distintos bloques parlamentarios y en la comunidad educativa, que aguarda definiciones claras sobre el nivel de recursos que las universidades recibirán para el próximo año académico, especialmente ante la incertidumbre que dejó la suspensión de la aplicación de la ley anterior y las distintas acciones judiciales en torno al tema.