El Senado avanzó con el Régimen Penal Juvenil y lo debatirá la próxima semana
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El oficialismo en el Senado avanzó este jueves con el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil y buscará llevarlo al recinto la próxima semana para convertirlo en ley. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El proyecto obtuvo dictamen tras un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, lo que habilita su tratamiento en el recinto.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, celebró el avance y anticipó que la intención es aprobar la norma en los próximos días. A través de sus redes sociales, sostuvo que el país "no puede tolerar más impunidad" y afirmó que el objetivo es dar respuesta a las víctimas.
También el presidente Javier Milei respaldó el avance del proyecto desde Estados Unidos, donde destacó que el proceso legislativo "marcha acorde al plan".
Durante el debate en comisión, expusieron familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Entre ellos, Nicolás Iván Sabo reclamó que se escuche a quienes atravesaron esas situaciones y sostuvo que, cuando un menor comete un delito grave, debe asumir responsabilidades.
En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra. El respaldo llegó desde La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques aliados, mientras que el peronismo y la izquierda votaron en contra.
La propuesta modifica el régimen vigente —que data de la última dictadura— y establece un nuevo esquema penal juvenil. Contempla penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, sin posibilidad de condena perpetua, y dispone que los menores cumplan detención en establecimientos diferenciados de los adultos.
Además, prevé sanciones alternativas a la prisión y medidas orientadas a la resocialización. Para delitos con penas menores a tres años, se excluye la privación de la libertad. En casos con escalas de entre tres y diez años que no impliquen muerte o lesiones graves, se priorizan medidas de carácter educativo y social por sobre el encarcelamiento.