Comienzan una huelga de hambre presos políticos venezolanos en El Rodeo I
Un grupo de detenidos que son considerados presos por razones políticas decidió iniciar una protesta extrema dentro de la cárcel El Rodeo I en Venezuela, exigiendo su liberación mientras familiares y organizaciones denuncian la falta de avances concretos en las promesas de excarcelación.
La situación en el penal de alta seguridad ubicado en el estado Miranda, cerca de Caracas, se intensificó cuando alrededor de casi 100 reclusos iniciaron una huelga de hambre en reclamo de su libertad y mejores condiciones de detención, según relataron organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los detenidos.
Estas versiones señalan que la protesta se produce en medio de una prolongada incertidumbre sobre el destino de quienes están presos por causas vinculadas a la política en el país.
Según allegados de los reos, la decisión de dejar de ingerir alimentos responde a la desesperación por la falta de respuestas claras de las autoridades sobre la implementación de medidas prometidas en torno a la liberación de presos políticos. Grupos civiles y ONG han denunciado además que los parientes no reciben información detallada sobre los procesos de excarcelación ni acceso a recursos legales eficaces.
El penal El Rodeo I ha sido foco de atención internacional por sus estrictas condiciones y por ser uno de los centros donde se mantiene a un número significativo de personas detenidas por motivos políticos, un tema que ha generado reiterados reclamos de transparencia y respeto a los derechos humanos. La protesta alimentaria se suma a otras expresiones de presión de parte de allegados de detenidos en varias cárceles del país, que buscan visibilizar su demanda de excarcelaciones tras la discusión en el Parlamento de una ley de amnistía que podría beneficiar a quienes permanecen tras las rejas.
Familiares y defensoras de derechos humanos sostienen que la huelga de hambre es un reflejo del agotamiento frente al estancamiento de las gestiones oficiales, y advierten que la medida —entendida como un último recurso— pone en riesgo la salud de quienes participan en ella si no se producen respuestas concretas por parte del Gobierno y del sistema judicial.