Ley de Glaciares: el Gobierno negocia voto a voto en el Senado
En Casa Rosada reconocen que el número es muy justo y que cualquier legislador que cambie su voto puede voltear la iniciativa.
El Gobierno y sus aliados en el Senado terminaron de cerrar este miércoles un acuerdo para avanzar con las modificaciones a la Ley de Glaciares, que será debatida este jueves en el recinto. En el oficialismo admiten que el escenario es ajustado —necesitan 37 votos—, aunque confían en alcanzar el número pese a que tanto el PRO como la UCR votarán divididos.
La atención está puesta en el nuevo bloque peronista Convicción Federal, integrado por Carolina Moisés, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. La designación de Moisés como vicepresidenta de la Cámara alta fue leída en los pasillos como un gesto del oficialismo para acercar posiciones.
También genera expectativa la postura de la senadora chubutense Edith Terenzi, quien aún no hizo público el sentido de su voto. En la UCR, en tanto, algunos legisladores analizan acompañar la ley en general, aunque podrían plantear objeciones en la discusión artículo por artículo.
La norma vigente, sancionada en 2010, prohíbe la actividad extractiva en glaciares y zonas periglaciares, al considerarlas reservas estratégicas de agua dulce. La reforma que impulsa el Ejecutivo busca habilitar explotaciones mineras e hidrocarburíferas en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, siempre que los glaciares involucrados no sean considerados "hídricamente relevantes".
Uno de los cambios centrales es que la determinación de esa relevancia hídrica quedará en manos de las provincias, que tendrán mayor injerencia en la evaluación de estudios de impacto ambiental y en la autorización de proyectos.
En la previa del debate, La Libertad Avanza publicó en redes sociales: "Una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformista", y sostuvo que la minería representa "una oportunidad histórica" para el país.
Según las últimas modificaciones incorporadas al dictamen no hay cambios de fondo, sino ajustes puntuales. Entre los agregados más relevantes figura la aclaración de que quedan prohibidas las actividades que generen daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675, y que las evaluaciones deberán cumplir con la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental del Agua, que exige monitorear calidad y caudal.
Desde sectores ambientalistas cuestionaron estos retoques. Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, los calificó como "redundancia legislativa" y sostuvo que se trata de "cambios cosméticos" que no modifican la esencia del proyecto.
En el oficialismo, en cambio, argumentan que la incorporación de la Ley de Gestión Ambiental del Agua limita la discrecionalidad provincial. También se precisó que la relevancia hídrica deberá determinarse "sobre la base de estudios técnico-científicos", aunque críticos advierten que no se especifica el alcance ni los parámetros de esos informes.
Otro punto sensible es el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, que continuará vigente hasta que una provincia demuestre que determinado glaciar no cumple una función hídrica. En ese caso, el organismo debería excluirlo del registro.
El debate también gira en torno a la definición de cuenca hidrográfica y a qué zonas glaciares o periglaciares se consideran proveedoras de agua para su recarga, un aspecto técnico que podría resultar decisivo en la votación, menciona el portal TN.