Comerciante denunció a empresario por presunta estafa millonaria con departamentos
Germán Jugo, en diálogo con EL LIBERAL manifestó que pagó 3.600.000, en el año 2019, por un inmueble céntrico que nunca le entregaron. Una abogada realizó otra presentación por al menos 15 damnificados.
Un comerciante santiagueño denunció haber sido víctima de una presunta estafa inmobiliaria que tendría al menos treinta damnificados y que involucra a un conocido empresario local.
Según supo EL LIBERAL, la presentación fue radicada en el Departamento de Delitos Económicos y quedó en manos de la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital. Mientras que otra acusación se presentó en el Juzgado Civil.
Ramiro Germán Jugo —un comerciante de 38 años— habló con EL LIBERAL y manifestó que en diciembre de 2019 inició la compra de un departamento del edificio "José IV", ubicado sobre calle La Plata al 600 de la capital.
Según consta en la denuncia penal que realizó la víctima, el boleto de compraventa se firmó el 19 de agosto de 2021, siendo el vendedor Oscar Zambolín, quien actuaba como apoderado de Herminia Miculan, su madre.
Explicó que la operación se pactó en 3.600.000 pesos, monto que fue cancelado en apenas seis meses. Además aclaró que a precio de hoy dichos inmuebles tienen un costo de más de 120.000 dólares.
Según consta en la denuncia, las cobranzas habrían estado a cargo de Cecilia Patiño y del arquitecto Facundo Sebastián Zambolín, además explicó que el inmueble debía entregarse en diciembre de 2021, pero los responsables comenzaron a informar supuestos retrasos argumentando que la obra se encontraba en un 70% y que era necesario "testear" el edificio antes de su habilitación.
Con el paso de los meses —y luego de nuevas promesas incumplidas— la construcción habría quedado paralizada y finalmente cerrada, mientras tanto Germán como el resto de los damnificados perdían todo contacto con los responsables.
La víctima, representada legalmente por el Dr. Facundo Baldivieso, sostuvo que para intentar obtener explicaciones, se presentó en el domicilio de la propietaria formal del terreno —madre de Zambolín— quien aseguró desconocer las maniobras realizadas por quienes habían comercializado las unidades.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el caso podría involucrar al menos 30 compradores en condiciones similares, lo que elevaría el perjuicio económico a cifras multimillonarias.
Además se supo que una abogada del fuero local —en representación de 15 damnificados— ya había realizado presentaciones cautelares y aún, aparentemente, no habría obtenido respuesta.
La causa avanza bajo la figura de presunta estafa inmobiliaria y no se descartan nuevas denuncias en los próximos días en contra del empresario. Los investigadores buscan determinar el destino del dinero y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados, mientras las víctimas reclaman la devolución de sus ahorros de toda una vida o la entrega de las viviendas prometidas.