Estados Unidos se presentó en el juicio por YPF y rechazó el pedido de desacato contra la Argentina
En la presentación, el Departamento de Justicia de EE.UU. advirtió que castigar al país afectaría la reciprocidad judicial y las relaciones exteriores entre ambas naciones.
En un movimiento de peso institucional dentro del juicio por la expropiación de YPF, el gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante el tribunal de la jueza Loretta Preska en el que se opone al pedido de los fondos demandantes para que la Argentina sea declarada en desacato y se le impongan sanciones económicas.
En un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense advirtió que los litigios contra Estados soberanos en tribunales norteamericanos pueden tener consecuencias en materia de política exterior y afectar el principio de reciprocidad con el que luego se trate a Estados Unidos en cortes extranjeras. También señaló que ciertos requerimientos de "discovery", especialmente aquellos orientados a obtener comunicaciones de altos funcionarios vinculadas a entidades estatales, pueden resultar incompatibles con normas de cortesía internacional.
El escrito concluye que la solicitud de sanciones —que incluye multas, preclusiones e inferencias adversas— no se ajusta a los principios de inmunidad soberana ni a la legislación aplicable, por lo que debería ser rechazada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que la intervención de Washington refuerza la solidez jurídica de la posición argentina. Aclararon además que no se trató de un "amicus curiae", sino de una presentación espontánea del propio Departamento de Justicia. Según detallaron, durante más de dos años el país cumplió con el proceso de intercambio de pruebas y entregó más de 115.000 páginas de documentación, sin que los demandantes encontraran elementos que respalden sus acusaciones.
El analista Sebastián Maril, especialista en litigios internacionales, sostuvo que la Casa Blanca respaldó a la Argentina tanto en la discusión por la orden de entrega de acciones como ahora frente al planteo de desacato, aunque no intervino en la apelación principal del caso.
El origen del conflicto
La controversia se concentra en la etapa de "discovery", donde los beneficiarios del fallo —encabezados por Burford Capital— sostienen que la Argentina incumplió reiteradamente órdenes judiciales. Por ese motivo solicitaron que se declare al país en desacato y que se le imponga una multa de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida.
Entre los puntos en discusión figura la supuesta falta de entrega de mensajes y correos electrónicos de funcionarios actuales y exfuncionarios, como el ministro de Economía Luis Caputo y su antecesor Sergio Massa. Según los fondos, la defensa argentina habría desplegado maniobras dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables con los que ejecutar la sentencia de 16.100 millones de dólares.
Además de la multa diaria, Burford pidió que el tribunal considere que organismos como el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF actúan como "alter ego" del Estado, lo que habilitaría el embargo de sus bienes.
La postura argentina
La defensa del Estado rechazó de plano la acusación de desacato y calificó el planteo como una estrategia de presión. Argumenta que existen límites constitucionales y legales para entregar determinada información, sobre todo aquella vinculada a activos protegidos por inmunidad soberana, como las reservas de oro del Banco Central.
En ese sentido, el Gobierno afirmó que el BCRA es un ente autárquico e independiente y que el Tesoro no dispone de datos sensibles sobre la ubicación de sus reservas. Para respaldar esa postura, se presentó una declaración jurada del secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, en la que se advierte que divulgar esa información podría comprometer la política monetaria y la seguridad financiera del país.
En paralelo, la Argentina solicitó suspender el proceso de discovery ante la jueza Preska. Tras la negativa del tribunal, inició el trámite de apelación ante la Cámara del Segundo Circuito. Las partes ya expusieron sus argumentos y el Gobierno confía en que el tribunal desestime lo que considera un pedido desproporcionado, menciona el portal Infobae.