Dos abogadas santiagueñas denuncian "estafa millonaria" por obra inconclusa en calle La Plata

Dos abogadas denunciaron por "estafa y asociación ilícita" a un grupo empresario-inmobiliario, al sostener haber efectivizado más de U$S 100.000 por dos departamentos, dentro de una obra jamás concretada en calle La Plata, entre Chaco y Chacabuco, en esta Capital.

Las denunciantes son Graciela Yasmín Julián Anguio y su madre, María Graciela Anguio Lindow, con el patrocinio de José Esteban Julián Anguio. Alertaron sobre "estafa, asociación ilícita en concurso real", sin perjuicio de "otras calificaciones penales conexas" como administración fraudulenta, falsedad y/o uso de instrumento, ocultamiento o insolvencia/vaciamiento fraudulento", etc.

La denuncia "es en contra de Oscar Zambolín, quien habría intervenido activamente en la comercialización de unidades funcionales, recibiendo pagos de compradores y extendiendo constancias/recibos, presentándose como representante del emprendimiento". También, "Herminia Miculan, vinculada al inmueble y representada por Oscar Zambolín en la operatoria vinculada al terreno y/o al proyecto".

En tercer lugar, "Luis Mariano Díaz Pappa, Julián Emanuel Díaz Pappa y María Silvia Díaz Pappa. Son personas vinculadas al terreno donde se proyectaba el emprendimiento y/o a la estructura jurídica que lo habría sustentado". La demanda es extensiva "a Facundo Suárez Zambolín, respecto de quien obran comunicaciones mantenidas con compradores que indicarían conocimiento de la operatoria".

Detallaron que los acusados ofrecieron "a particulares un proyecto inmobiliario a desarrollarse en el inmueble sito en La Plata 680, presentado como un desarrollo edilicio con diversas unidades funcionales destinadas a su comercialización. La operatoria se instrumentó bajo modalidad de preventa, esto es, mediante pagos relevantes anticipados a cuenta del precio, con promesas de avance de obra, entrega de la unidad y posterior escrituración".

"… Los compradores fueron inducidos a contratar y efectuar pagos sustanciales sobre la base de la apariencia de legitimidad del proyecto, la supuesta disponibilidad y asignación de unidades, y la confianza generada por la documentación extendida en el curso de la negociación".

Por ejemplo, Graciela Yasmín Julián Anguio "… adquirió la Unidad Funcional 1A, instrumentándose mediante boleto de compraventa suscripto en fecha 13/02/2020. Se pactó un precio total de U$S 47.000, el cual fue abonado/cancelado, operando el propio boleto como recibo cancelatorio del pago total"… "El importe fue entregado a Oscar Zambolín, quien se presentaba como representante del emprendimiento y receptor de los pagos, actuando en nombre y representación de Herminia Miculan", especifica la denuncia.

"El boleto consigna, además, plazos contractuales vinculados a inicio y finalización de obra (con fecha prevista de finalización del edificio al 31/12/2021) y entrega/posesión sujetos a la terminación y condiciones de habitabilidad, extremos hoy incumplidos".

Por su parte, "María Graciela Anguio Lindow adquirió la Unidad Funcional SC, instrumentándose mediante boleto de compraventa suscripto en fecha 19/02/2021. Se pactó un precio total de U$S 50.000, abonándose U$S 10.000 en el acto de suscripción, y pactándose el saldo de U$S 40.000 a abonar hasta el 10/04/2021, conforme cláusula de precio y forma de pago".

El rojo pasivo hoy trepa a $ 247 M., ajuste inflacionario mediante

Detallaron que en el 2020 efectivizaron un pago global cercano a los U$S 100.000, con un dólar en $ 80. Representaban más de $ 8.000.000. A la fecha, más el ajuste inflacionario, hoy el rojo pasivo ascendería a los $ 247.000.000.

El emprendimiento afectó a "múltiples compradores de buena fe, inducidos a efectuar pagos relevantes por supuestas unidades funcionales que nunca fueron entregadas ni escrituradas. También se verificó la inexistencia de ejecución de obra, lo que configura-prima facie un patrón reiterado compatible con una maniobra de captación fraudulenta de fondos", resaltaron.

"Las unidades nunca fueron entregadas; no se realizó escrituración alguna; la obra no se ejecutó; y el inmueble se encuentra cerrado con candado, impidiendo incluso el ingreso de compradores que abonaron unidades", subrayaron. "Entre los damnificados, citaron a Germán Jugo, Luis Coronel, Gabriela Coronel, José Giorgi, María Elena Gorostiza y otros", ahondaron.

Instaron investigar la estructura jurídica integral del emprendimiento, el régimen de asignación de unidades, la identificación de los beneficiarios finales de la operatoria, la posible existencia de ventas múltiples, superpuestas o incompatibles, trazabilidad del dinero percibido, documentación, comunicaciones y demás elementos utilizados para construir apariencia de legitimidad del proyecto y persuadir a los compradores a realizar disposiciones patrimoniales", sintetizaron las demandantes.