El Gobierno apelará el primer fallo contra la reforma laboral y busca que intervenga la Corte
La Casa Rosada prepara un recurso extraordinario para revertir la sentencia que declaró inconstitucional un artículo de la nueva ley. El objetivo es que la discusión llegue a la Corte Suprema.
El Gobierno nacional avanza en una estrategia judicial para defender la reforma laboral y prepara la presentación de un recurso extraordinario federal con el objetivo de revertir el primer fallo que cuestionó la nueva normativa. La intención del Ejecutivo es que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal defina la validez constitucional de la ley.
La decisión se tomó después de que la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba declarara inconstitucional uno de los artículos de la reforma laboral aprobada por el Congreso a fines de febrero. El fallo fue firmado por el juez Ricardo Gileta en el marco de un expediente individual.
El magistrado cuestionó el artículo 55 de la norma, que establece un mecanismo específico para actualizar los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la reforma. Según el criterio judicial, ese esquema genera un trato desigual entre trabajadores que iniciaron demandas en distintos momentos, lo que podría vulnerar el principio de igualdad ante la ley.
Frente a esta situación, la Procuración del Tesoro de la Nación ya trabaja en la elaboración del recurso extraordinario que será presentado ante el mismo tribunal que emitió la sentencia. Ese es el procedimiento habitual para que el tribunal decida si concede el planteo y eleva el expediente al máximo tribunal del país.
En el Ejecutivo consideran que la reforma laboral podría enfrentar múltiples presentaciones judiciales en distintos puntos del país, por lo que buscan una definición de la Corte que establezca un criterio definitivo sobre los artículos cuestionados.
La disputa judicial se da en medio de un clima de tensión con sectores sindicales, que ya habían presentado recursos contra la ley al considerar que afecta derechos laborales. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que defenderá la normativa en los tribunales para garantizar la implementación de los cambios impulsados en el sistema laboral.
De esta manera, la reforma laboral comienza a atravesar una etapa de judicialización que podría extenderse durante meses y cuyo desenlace final dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema.